Las tres haciendas vascas realizarán campañas conjuntas contra el fraude

Aunque cada provincia vasca siga siendo estatutariamente independiente para regular sus impuestos en las Juntas Generales, su margen de maniobra empieza a acortarse. La “obsoleta” Ley de Coordinación y Armonización Fiscal, según la calificaba el PNV como una manera de mostrar su oposición a que el Parlamento tenga capacidad de decisión sobre los impuestos, va a empezar a tener algo más de vigencia. Varios de sus principios están tomando cuerpo en el acuerdo que siguen negociado el PNV —necesitado de apoyos para lograr estabilidad parlamentaria— y el PSE —que ha tenido que pasar a la oposición para lograr influencia en todo lo relacionado con la fiscalidad—.

El PSE ha forzado a los de Iñigo Urkullu a, primero admitir, y después tener que impulsar, el diseño y la realización de campañas conjuntas de lucha contra el fraude. Un acuerdo que los dos partidos extenderán al resto en las Juntas Generales y que facilitará que, por vez primera, las tres haciendas vascas y el Gobierno vasco luchen de forma coordinada contra el fraude fiscal. Según ha podido saber EL PAÍS, la comisión de seguimiento estará formada no solo por técnicos de las diputaciones forales, sino también por miembros del Gobierno, aunque todavía no está decidido si la comisión será paritaria entre instituciones, o las diputaciones, en atención a que la competencia tributaria es exclusiva, dispondrán de mayoría. Hasta ahora la descoordinación era total.

El escollo es que el

Los datos se cruzaban entre administraciones pero sólo a demanda de una de ellas, y no había posibilidad de que una hacienda hurgara en los contribuyentes con intereses en varias haciendas, salvo que se solicitara una autorización especial. Este acuerdo logrado entre socialistas y nacionalistas se enmarca en el de mayor calado que siguen explorando las dos fuerzas políticas para conectar las bases de datos tributarias, sobre la base del acuerdo que ya firmó la anterior diputación del PNV de Gipuzkoa con la agencia tributaria. Los dos partidos siguen trabajando sobre el escollo principal del acuerdo marco, es decir, la posibilidad de dotar al Parlamento vasco de capacidad para condicionar la competencia normativa de las diputaciones en materia fiscal.

“De eso depende que haya acercamiento o no para los presupuestos de 2014”, indicaron ayer fuentes conocedoras de las negociaciones. Un acuerdo sólido entre ambos partidos que consolidara al legislativo como la institución que empiece a marcar los criterios generales de los impuestos dejaría trillado el acuerdo sobre los presupuestos públicos de 2014. De hecho, el próximo año será el año en el que la reforma fiscal tendría efecto y cuando las campañas conjuntas empezarían a dar resultados. Una mayor apertura de sus estructuras, impedirá que se repitan casos como el ex jefe de la Inspección de Bizkaia Juan Ramón Ibarra, condenado por tener un listado opaco de contribuyentes, o el ex jefe de la Hacienda de Gipuzkoa José María Bravo, condenado por fraude.