La Junta lleva al Constitucional la Ley de Costas por invasión de competencias

El Ejecutivo autónomo, aunque políticamente siempre ha rechazado la modificación de la ley, que entró en vigor hace un mes y medio, ha condicionado la presentación del recurso a un informe jurídico que sustentara dicha impugnación.

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el Gobierno andaluz pedirá también la suspensión cautelar de la ley para evitar “daños irreparables”. Los artículos impugnados son 12 y se estructuran en tres bloques. En el primero se incluyen los preceptos que vulneran los artículos 132.1 y 132.2 de la Constitución, que establecen que las zonas marítimo-terrestres y las playas son bienes de dominio público e inalienables en todo caso.

El Gobierno autónomo pide la suspensión cautelar de la ley para evitar “daños irreparables”

Para la Junta, la nueva ley altera este concepto e introduce novedades que “permitirán una mayor ocupación de los espacios próximos al litoral”. Según el portavoz del Gobierno autónomo, la nueva ley altera el concepto de dominio público marítimo-terrestre y lo vincula a criterios técnicos no especificados y que serán desarrollados mediante reglamento.

La Junta considera que la Ley de Costas altera de forma negativa conceptos como duna y playa y que los terrenos que dejen de ser dominio público marítimo-terrestre se devolverán a sus anteriores propietarios, y se hará de una manera “gratuita y sin concurrencia, vulnerando el principio de igualdad de los ciudadanos”, según ha denunciado el portavoz.

El Gobierno andaluz estima que este artículo de la ley provoca inseguridad jurídica por la ambigüedad que expone, y constituye una “regresión” a la situación de desprotección anterior a la regulación de 1988. “Con esta nueva ley en la mano, existe la posibilidad de que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización o de usos perjudiciales para el medio ambiente”, ha añadido Vázquez.

El segundo bloque contempla la supuesta invasión de competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio y urbanismo. En este sentido, la Junta impugnará una figura creada en la norma, llamada urbanización marítimo-terrestre y que en la práctica “permite detraer del dominio público una serie de espacios para su urbanización”. Y el Gobierno entiende que esa no es una competencia del Estado.

El Ejecutivo andaluz considera la modificación de la ley una "regresión" a la situación de desprotección anterior a 1988

En el tercer bloque, se engloba una serie de “injerencias” en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, entre ellas ciertas reservas que la ley confiere al Estado sobre servidumbres y autorizaciones de actividades(quioscos de temporada y puntos de hidropedales y motos acuáticas). En cuanto a las últimas, cabe señalar que la nueva ley amplía el plazo de su vigencia de uno a cuatro años. Además, Vázquez ha explicado que la ley contempla la posibilidad de que la Delegación del Gobierno pueda suspender actos y acuerdos de las entidades locales cuando afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o a la servidumbre de protección, algo que “compete” a las autonomías.

La nueva regulación también prevé un canon de ocupación en puertos deportivos y piscinas, destinada a las arcas de la Administración Central, y que, según la Junta, significa una doble imposición que “no es compatible con ley de financiación de las comunidades autónomas”.

El Gobierno andaluz, que considera que la reforma “camina en sentido contrario” a la ley andaluza, ya anunció su intención de recurrirla junto a las comunidades —ninguna gobernada por el PP— de Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco el pasado 1 de julio, tras una reunión mantenida por representantes de las cinco autonomías. País Vasco ha comunicado también este lunes su decisión de impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional. Las costas de estas cinco autonomías suponen más de la mitad del litoral español.

En la modificación legislativa en cuestión, se aumenta el plazo de duración de la mayoría de las concesiones en zonas del litoral de 30 a 75 años. Además, la nueva norma permite —con alguna limitación— la transmisión entre personas vivas de las concesiones, posibilidad que anteriormente estaba prohibida, y realiza una distinción —novedosa— entre tramos de playa naturales y artificiales, aunque remite su concreción al desarrollo reglamentario.

Un punto muy controvertido de la Ley de Costas es que para poder regularizar las construcciones en la costa —posibilidad que contempla la ley y a la que Andalucía se opone— la reforma del PP fija como uno de los requisitos que un tercio de la superficie estuviera edificada hace 25 años. En paralelo y con mayor exigencia, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que deben estar consolidadas al menos dos terceras partes del espacio para poder regularizarlo.