La justicia otorga una oportunidad a la huerta La Punta, según Agró

Acció Ecologista-Agró considera que la huerta de la Punta tiene una nueva oportunidad tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Esta ratifica una anterior del Tribunal Supremo, que consideraba contraria a derecho la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que permitió modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para transformar la zona de huerta protegida de La Punta de Silvestre en la Zona de Actuación Logística (ZAL). Acció Ecologista-Agró fue una de las asociaciones más beligerantes contra los planes de construir la ZAL en esa gran área de huerta.  

"La justícia ha declarado nulo ese proceso, que provocó en 2001 la expulsión forzosa de más de 150 valencianos que vivían y trabajaban en la huerta de La Punta, uno de los grandes tesoros del Cap i Casal ha sacrificado para satisfacer la avaricia sin límites de los gestores del Puerto de Valencia", señala Agró en un comunicado, remitido este sábado.    

"Tanto la sentencia del Tribunal Supremo (TS) primero como la del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) evidencian el menosprecio del Ayuntamiento de Valencia i de la Generalitat valenciana por La Punta, una huerta que estaba protegida por sus valores históricos, agrícolas, naturales, paisajísticos y sociales", añade. "Pero, especialmente muestran una preocupante falta de respeto y sensibilidad con su gente, labradores y labradoras que llevaban toda la vida trabajando la tierra que habían heredado de sus antepasados. Además, la anulación de esta resolución se suma a una larga lista de sentencias judiciales contra el descontrolado modelo urbanístico valenciano, que ha transformado nuestros territorio en un gran solar", indica la nota elaborada desde la Comisión Jurídica presidida por Joan llinares, de la asociación ecologista, que acaba de cumplir 25 años.

"Actualmente, la huerta de La Punta es un polígono vacío, sin actividad en sus 683.000 metros cuadrados, que desmiente con sus parcelas abandonadas la urgencia i la necesidad de la ZAL que defendían el Port de València, l'Ajuntament i la Generalitat", prosigue la nota. 

Agró pide a los gobernantes, "que aún son en su mayoría los mismos que impulsaron el sacrificio de La Punta" que asuman su responsabilidad con los vecinos que fueron desalojados de sus tierras en 2004. "Y también con los 116.000 valencianos que firmaron contra la ampliación de la ZAL", concluye.