ERC, PSC e ICV piden que ATLL vuelva a manos públicas

ERC, PSC e ICV son partidarios de que la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) vuelva a manos públicas, ante el cúmulo de polémicas que envuelve al proceso de privatización, judicializado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y con nuevas irregularidades detectadas por la Generalitat. Así lo expresaron ayer después de que EL PAÍS publicara que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) incurrió en supuestas ilegalidades en la elaboración de la resolución con que tumbó la adjudicación a Acciona. El director del organismo, Juan Antonio Gallo, consultó a través de un correo electrónico a uno de los miembros de la mesa de contratación sin que tuvieran conocimiento el resto. Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures.cat, respondió al correo en el que se pedía información sobre la oferta técnica de Acciona.

“Si hay indicios de irregularidad tanto en el OARCC como en algún miembro de la mesa de contratación, lo mejor es dejar sin efecto el concurso y devolver la gestión pública a ATLL”, señaló ayer Salvador Milà, diputado de ICV-EUiA y responsable en materia de agua. Milà pedirá también al Gobierno catalán que explique qué tipo de garantías ha dado a Acciona para que pueda recuperar los 300 millones de euros que la constructora pagó de anticipo al firmar el contrato y qué cuantifique el sobrecoste que puede tener para las arcas de la Generalitat.

El diputado socialista Jordi Terrades calificó la polémica del OARCC como “otro despropósito” dentro del “desbarajuste judicial en el que se ha convertido la privatización de ATLL, que está pendiente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su opinión, “estamos ante una adjudicación con dudas razonables” y se sumó a la petición de Milà sobre la carta remitida a Acciona. “Pedimos que nos digan quién ha sido la persona de la Generalitat que ha enviado una carta Jose Manuel Entrecanales”, para saber “en qué términos está redactada”.

Marc Sanglas, de ERC, remarcó que su formación ha sido siempre muy crítica con todo el proceso, especialmente por la rapidez con el que la Generalitat cerró la privatización. “Nuestra gran preocupación es que todo esto no acabe con mayores costes para las finanzas públicas”, señaló ayer el diputado.