Socialistas y PP se acusan de corrupción ante las investigaciones judiciales

Socialistas y populares se cruzaron ayer acusaciones de corrupción a raíz de dos investigaciones judiciales: la nueva emprendida por la juez Mercedes Alaya sobre tres fondos de ayudas distintos al del caso ERE y la que lleva el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien, ha reclamado al PP la contabilidad de las sedes territoriales de Sevilla y Málaga.

La portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, en la presentación de una propuesta para sustituir las expropiaciones temporales de las casas a los bancos por alquileres sociales subvencionados al 75% de la renta familiar, preguntó “cuántos fondos de reptiles de la Junta quedan por conocer”, en relación con la nueva investigación de Alaya.

Martínez tachó de “gravísimos” los “nuevos datos” que, según dijo, suponen la existencia de “otras subvenciones y ayudas” concedidas “sin ningún tipo de control y con la misma falta de procedimiento” que en el caso ERE.

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aprovechó la petición de información realizada por el juez Ruz para asegurar que, “al final, se va conociendo la verdad y estamos ante una situación que pone en el ojo del huracán y en el centro de la diana de la justicia por el caso Bárcenas y el caso Gürtel al PP de Andalucía y, especialmente, al PP de Sevilla y de Málaga”.

Sobre la nueva investigación de Alaya, Jiménez aseguró que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no tenía vinculación con la administración andaluza en la época que analiza la juez.

Jiménez insistió en que los 18 millones investigados se concedieron entre 2000 a 2004 y, entonces, Griñán “era diputado en el Congreso y no tenía vinculación con la administración de la Junta”.

“Lo que queremos es que la justicia funcione y que, cuanto antes, la instrucción llegue a buen puerto, se establezca el juicio y las responsabilidades y se recuperen los recursos públicos que se hayan podido usar indebidamente”, concluyó.