Condenada la Comunidad por apartar a un denunciante del ‘caso espías’

La Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar con 19.110 euros a José Manuel Pinto, uno de los agentes de seguridad autonómicos imputados en el caso de los espionajes a políticos encargados supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre y pagados con fondos públicos.

El testimonio del funcionario dio un vuelco al caso, que lleva abierto desde 2009. Pinto denunció en noviembre de 2012 que los seguimientos a Alfredo Prada (exconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre) y a Manuel Cobo (exvicealcalde de Madrid) se habían ordenado desde la Consejería de Interior que dirigía entonces Francisco Granados.

El funcionario autonómico, que obtuvo su plaza en la Dirección General de Seguridad por oposición hace más de 25 años, estuvo de baja desde febrero de 2009 hasta mayo de 2010. Cuando obtuvo el alta médica, solicitó ser reincorporado al trabajo. Pero la Comunidad, que sí le pagaba su salario mensualmente, no le dio ocupación hasta febrero de 2012. Pasaron dos años sin que pudiera hacer nada y sin que se le comunicara por qué se le tenía en esa situación.

Los jueces consideran que la Comunidad no dio trabajo a Pinto por estar imputado en la trama de espionaje. Pero, como el caso sigue abierto, y como no hay medidas cautelares contra él, los jueces opinan que los motivos de la Comunidad son subjetivos. El abogado de Pinto, Ramón González Bosch, señala que, según el fallo, altos cargos vulneraron derechos fundamentales. “Es incomprensible que Granados siga como senador con esta sentencia”. Contra el fallo cabe recurso.