Un vecino denuncia a España ante la UE por las minas de potasa de Iberpotash

La Comisión Europea tendrá que decidir qué sucede con el futuro de las últimas minas de potasa de España, las que explota la compañía Iberpotash en los municipios de Súria y Sallent (Barcelona). Un vecino de Sallent, Sebastià Estradé, ha decidido denunciar a España por los continuos "incumplimientos medioambientales" en los que habría incurrido la compañía, filial del grupo israelí ICL.

Estradé inició su particular guerra judicial con la Administración catalana en 2000, pero a día de hoy sus peticiones no han surtido efecto. Por una parte, reclama que la compañía presente un estudio de restauración para las montañas con escombros que ha generado en Sallent durante los años de explotación de las minas. Por el otro, exige a la Generalitat que fije una fianza equivalente al coste de rehabilitar la zona para la compañía, después de que esta quedara fijada inicialmente fijada en medio millón de euros y ahora la Generalitat la haya elevado a 6,9 millones. Estradé, avalado por el Estudio Ramon Folch & Associats, considera que esa cifra debería ascender a 120 millones de euros por la explotación hasta 2035. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya dio la razón a Estradé en 2011 con una sentencia que obligaba a la Generalitat a demandar a la compañía nuevas medidas para restañar el impacto ambiental. No obstante, los constantes recursos presentados por la compañía han impedido la ejecución de esas medidas y Estradé ha optado por elevar la causa ante la Comisión Europea, lo que acaba salpicando al Estado, que es ahora la denunciada.

Según el demandante, si el gobierno comunitario acepta las denuncias de Estradé España podría afrontar la imposición de sanciones económicas por la inacción de la Administración durante años, que ha financiado parte de los costes de la explotación de las minas de potasas de Súria y Sallent. Según un informe del gabinete ambientalista, la acciones para limitar el impacto de la actividad de Iberpotash le habría costado a las arcas autonómicas en torno a los 200 millones de euros.

La denuncia también podría acarrear la paralización de la actividad extractora de potasa e incluso la ejecución del denominado Plan Phoenix, ideado por la compañía para potenciar su extracción de potasa del subsuelo en la comarca del Bages a través de una inversión de 200 millones de euros. Estradé ha acusado a la Generalitat de actuar de forma "cobarde" ante los intereses de la compañía, en un caso de "connivencia o tolerancia" que podría derivar en un caso de "reiterado incumplimiento" de la normativa medioambiental.