“¿Qué podemos hacer?”

El Consell que preside Alberto Fabra se ha visto sorprendido por la reacción ciudadana ante un caso que consideraba cerrado. La página web change.org lleva recogidas, en solo unas semanas, casi 109.000 firmas para pedir “una investigación veraz” del accidente, casi siete años después del suceso.

Francisco Camps ya no es presidente de la Generalitat; el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón falleció; y buena parte de los responsables de Ferrocarrils, incluida la gerente Marisa Gracia, ya no están en la empresa. “¿Qué podemos hacer?” se preguntan en Presidencia. Tres autos judiciales archivaron las diligencias del accidente en 2007. Fabra recibió en 2011 —todavía con el Gabinete nombrado por Camps— a la Asociación de Víctimas, que recibió la noticia con ilusión. Aunque, el resultado fue frustrante para la AV3J, que piensa que el Consell no asumió ninguna responsabilidad y mantuvo en su puesto a Gracia.

Ante el rebrote del conflicto, Fabra buscó rebajar la presión social hace diez días con una declaración institucional: el compromiso de facilitar a la Fiscalía toda la documentación que solicite. El problema es que la sombra del accidente de metro es alargada. Juan Cotino, que ofreció ayuda a las familias (hasta para encontrar empleo) y sugirió que desistiesen de pleitear es hoy presidente de las Cortes. Y otros altos cargos del PP, que avalaron la gestión, siguen en primera línea.

El tesón de la AV3J, que contrasta con la decisión de otras familias que aceptaron las ayudas y pasaron página, ha obligado al Consell a repensar el pasado. Falta por saber si las nuevas diligencias abiertas a raíz de la decisión del PSPV de presentar nuevos documentos a la Fiscalía y la querella que prepara la AV3J obligarán a revisar también las conclusiones oficiales.