Sanidad ignora un informe que cuestiona el copago farmacéutico en discapacidad

"La Consejería de Sanidad no tiene competencia de evaluación jurídica, somos Sanidad". Este es el argumento con el que la Consejería de Sanidad, liderada por Manuel Llombart, ha esquivado el informe jurídico de la Universitat de València que desmonta algunos de los argumentos esgrimidos por la consejería para aplicar el copago farmacéutico a las personas con discapacidad. El informe, enviado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a Sanidad el pasado mes de marzo, exigía a Manuel Llombart que diera marcha atrás y recuperara la gratuidad de medicamentos y que diera una respuesta en 15 días. Pero la respuesta no se ha producido.

Este martes la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, redactora del informe, ha presentado al Cermi su trabajo. Según el informe "D. Manuel Llombart, se comprometió a restablecer el art. 16.2 de la Ley del Estatuto del Discapacitado y, con él, la gratuidad en el acceso a las prestaciones farmacéutica y ortoprotésica, si se presentaba un dictamen jurídico" para "impugnar el informe de la Abogacía de la Generalitat y demostrar la competencia del gobierno valenciano en la materia".

La Universitat de València afirma que el Consell es enteramente responsable de la decisión de eliminar la gratuidad de los medicamentos y exhorta al consejero Llombart a retractarse de la decisión de hacer pagar a los discapacitados. En un documento de 49 páginas, la Universitat desmonta los argumentos de Sanidad para culpar al gobierno central de obligarles a aplicar esta medida.

"El principal argumento en que se basa la Generalitat para suprimir la prestación farmacéutica y ortoprotésica reside en que desde el Gobierno central así se impone", dice el informe. Sin embargo la Generalitat "sí se atribuye la competencia para conceder la gratuidad" a los "menores de edad tutelados por las administraciones públicas".

La Universitat califica de "ilógica y absurda" la decisión de aplicar el copago y asegura que la tramitación se ha llevado "prácticamente a escondidas" sin la realización de consultas a las que obliga la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

Para la Universitat, la legislación en la que se escuda el Consell "es en realidad una salvaguarda de la competencia autonómica" y "no solo no está prohibiendo posibles exenciones" sino que "está abriendo la puerta para mantener aquellas ya previstas con anterioridad".