197 detenidos por defraudar dos millones de euros a la Seguridad Social

Todo era falso. Las empresas no existían, los contratos no eran legales y los supuestos empleados no trabajaban, solo pagaban para obtener la documentación que les permitía conseguir residencia, en el caso de los extranjeros, o cobrar prestaciones o subsidios para los españoles.

En total, la Policía Nacional ha detenido a 197 personas por defraudar cerca de dos millones de euros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, en dos operaciones, simultáneas pero sin conexión, realizadas en los últimos días en la localidad alicantina de Orihuela y en Castellón. Los detenidos, 158 en la capital de La Vega Baja y 39 en la de la Plana, creaban empresas ficticias con la única finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia.

Los agentes han desmantelado dos organizaciones distintas, sin vinculación aparente entre ellas, con las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social. Una de las organizaciones estaba dirigida por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de Orihuela; vinculados a dos despachos de asesores, uno cercano a la oficina del Servef y el otro en la pedanía de La Murada. Un entramado de seis mercantiles suponía un “auténtico modus vivendi” para cinco de los detenidos. Según algunas fuentes, entre los detenidos habría un funcionario del Servef.

Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta. En algún caso se supera la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal. Los ahora arrestados cobraban cantidades que oscilan entre 200 y 3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su duración, y los falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por desempleo. Llegaron a cobrar en algunos casos hasta 12.000 euros.

Los cabecillas cobraban entre 200 y 3.000 euros por contratos falsos

En el caso de los extranjeros, los responsables de la organización seleccionaban a otras personas que actuaban como intermediarios para su captación. La Policía estima que más de 200 personas podrían haber obtenido ilícitamente la residencia en España de esta forma y habrían defraudado más de un millón a la Seguridad Social.

En Castellón, las investigaciones comenzaron al detectar la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas. Las indagaciones, que incluyeron declaraciones de trabajadores y el análisis de la documentación obtenida en diferentes registros públicos, llevaron a los agentes a determinar que las empresas sospechosas se habían creado exclusivamente para defraudar a la Seguridad Social.

Entre los detenidos, que contaban con antecedentes por este delito, figuran los administradores de las mercantiles ficticias, un gestor autorizado del denominado Sistema Red (sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la Seguridad Social) y falsos empleados que habían llegado a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones.

La cantidad defraudada por la trama asciende a 814.884,68 de euros, de los que 665.151 son impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 149.733 euros se obtuvieron mediante subsidios percibidos ilícitamente del Servicio Público de Empleo Estatal (SPPE).