El Área Metropolitana estudia implantar un recibo del agua vinculado a la renta

ICV-EUIA lo ha logrado. El pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) admitió ayer su propuesta para que la corporación constituya un grupo de trabajo con el que analizar la posibilidad de crear una nueva fórmula de recibo del agua, regido por unas tarifas ligadas a los niveles de renta de sus usuarios. Esa tarificación social está pensada básicamente para las personas con bajos ingresos, a los que les cuesta afrontar el pago de los recibos. La resolución aportada por los ecosocialistas fue aprobada por unanimidad.

Los datos del AMB son contundentes. No tanto porque el año pasado se iniciaran 72.039 procedimientos para cortar el agua en hogares de los 36 municipios que integran la corporación. Sobre todo por la espiral alcista en el que la crisis ha situado esa incapacidad económica: en apenas un año el número de afectados se ha casi triplicado. Y pese a ese repunte no existe ningún fondo que permita dar una solución global a ese problema. La fundación del Grupo Agbar creó un fondo con este objeto, pero el año pasado apenas ayudó a 1.300 familias en problemas, cuando los datos de la AMB aseguran que sus filiales que operan en Barcelona —Aguas de Barcelona y Sorea— iniciaron más de 70.000 tramitaciones para cortar el suministro.

Ahora, con la propuesta aprobada ayer, un grupo de trabajo tendrá que elaborar en el plazo máximo de tres meses “una propuesta de tarificación social y ambiental progresiva sobre el servicio de abastecimiento de agua domiciliaria”, que deberá ser compartido con las asociaciones de vecinos y con los operadores de agua. Inicialmente, ICV aboga por crear un nuevo modelo de recibo que pueda incorporar todo tipo de datos, aprivechando la posibilidad de cruzar datos de los contribuyentes por diferentes vías.

La concejal ecosocialista Janet Sanz defendió ayer que “las tarifas no se pueden convertir en un obstáculo de acceso a un bien esencial” y remarcó la insuficiencia de instrumentos como los aplicados por la Fundación Agbar por “su compleja tramitación, de carácter puntual y a posteriori, una vez que el usuario ya está en situación de deuda”. ICV considera que uno nuevo modelo tarifario podría suponer mejoras en cuanto a la concienciación de un consumo responsable del agua.