La Federación de Municipios rechaza la privatización de depuradoras

La Generalitat se encontrará con la oposición de buena parte de los municipios si mantiene sus planes de privatizar la red de depuradoras existentes en Cataluña. La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) se niega en redondo. “No permitiremos que el Gobierno catalán privatice y que nosotros [el poder local] no pintemos nada”, afirmó a este diario Joan Castaño, alcalde de Sant Celoni y responsable de la comisión de medio ambiente de la FMC. La Asociación Catalana de Municipios evitó pronunciarse sobre los planes del Ejecutivo autonómico, que ya tiene sobre la mesa un primer informe sobre los requisitos legales que debe superar para ejecutar la privatización.

Ambas asociaciones municipalistas desconocen el plan para concesionar la gestión de las más de 400 depuradoras que están actualmente en funcionamiento y las otras 200 que faltan por construir, cuyo desarrollo quedaría vinculado a un contrato de gestión del resto por un largo periodo de tiempo, de entre 25 y 30 años. El Ejecutivo analiza la posibilidad de sacar a concurso las estaciones agrupadas en diferentes grupos, en función de a qué cuenca hidrográfica pertenecen, en un negocio que podría interesar —si lograran financiación— a los grandes grupos constructores que tienen divisiones especializadas en saneamiento.

La última cosa que nos dijeron era que planteaban ceder a los entes municipales la gestión de todas las depuradoras de la ACA Joan Castaño, alcalde de Sant Celoni

“La última cosa que nos dijeron, antes de las últimas elecciones, era que planteaban ceder a los entes municipales la gestión de todas las depuradoras de la Agencia Catalana del Agua”, explicaba ayer Castaño. Fuentes empresariales aseguran que esos planes han cambiado y que ahora lo que persigue la Generalitat es modificar la legislación vigente para que sea la Administración autonómica la titular no solo de la propiedad —como ahora— sino de la gestión, lo que la habilitaría para licitar los contratos.

La nueva privatización en el sector del agua, tras la realizada en Aguas Ter-Llobregat (ATLL), presionaría de nuevo al alza el canon del agua, ya que a los costes de explotación se tendrían que añadir los beneficios de las empresas concesionarias. Actualmente, algunos entes municipales ya tienen cedida la gestión a la iniciativa privada.