El PP pide imputar a los socialistas Orengo y Boix por malversación

La magistrada Pía Calderón, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidirá si admite a tramite una querella contra el diputado socialista en las Cortes Valencianas Alfred Boix; el portavoz socialista en la Diputación de Valencia, José Manuel Orengo, la práctica totalidad del consejo de administración de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia y el interventor municipal.

La querella fue presentada diez días atrás por el Ayuntamiento de Gandia, que dirige el alcalde popular Arturo Torró, que ayer se limitó a expresar su confianza en la justicia. Torró anunció en octubre pasado que denunciaría al exalcalde de Gandia, Orengo, y al exconcejal, Boix, ante la fiscalía por la gestión de cinco millones de euros en ayudas para la construcción de un edificio denominado Innova. Según se argumenta en la querella, los fondos que tenían caracter finalista no se destinaron a la construcción, que quedó incabada, sino que se redireccionaron al Ayuntamiento para hacer frente a otros gastos ineludibles.

Finalmente, la condición de aforado de Boix ha permitido llevar al TSJ la querella por supuestos delitos de fraude en subvenciones, malversación de caudales y prevaricación.

Orengo señaló ayer que fue Torró quien paralizó la obra al llegar a la alcaldía, lo que hizo que el Gobierno reclamara la devolución de la subvención, y negó que el dinero no estuviera en el Ayuntamiento. “En el arqueo que hicimos al dejar la alcaldía había más dinero del que supone la subvención”, indicó. “El dinero no ha salido nunca de la esfera pública y no hay ningún tercero beneficiado”. Según Orengo, el actual alcalde “está obsesionado” con imputarlo pero “no llegará a ninguna parte”. El PSPV-PSOE, por su parte, recordó que la fiscalía no ha actuado, pese a la denuncia, y consideró que se trata de un “tema administrativo”.

Orengo es vicesecretario de Relaciones Institucionales y Boix vicesecretario de Organización en la ejecutiva que encabeza Ximo Puig, lo que da relevancia política a la querella. Lo más habitual es que el TSJ la admita a trámite, impute al aforado y lo llame a declarar antes de decidir si prosigue con la instrucción del caso. El TSJ ha requerido a las Cortes valencianas para que certifiquen la condición de diputado de Alfred Boix.