Valenbisi revisará el contrato tras la denuncia de la fiscalía por abusos

La empresa JC Decaux revisará las cláusulas del contrato de Valenbisi —servicio de préstamo municipal de bicicletas— tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia por condiciones abusivas, anunció ayer el Ayuntamiento de Valencia, titular del servicio.

Una usuaria de Valenbisi puso el posible abuso en manos del ministerio público y el fiscal, tras estudiar el caso, y en base a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), ha pedido al juez que anule tres cláusulas al entender que perjudican a los consumidores.

La primera se refiere a que si el usuario acumula un retraso de más de 24 horas en la devolución de la bici, esta se da por perdida y se considera desaparecida y, por tanto, hay que pagar una indemnización. En segundo lugar, la compañía no se responsabiliza de los defectos o vicios ocultos del vehículo porque no es fabricante, y el tercer punto cuestionable es que en caso de litigio prevalecerá la información que aporte la empresa por encima de la del usuario.

El concejal de Circulación y Transportes de Valencia, Alberto Mendoza, aseguró que acababa de trasladar el contrato a los servicios jurídicos municipales para su análisis, si bien reconoce que “tendrá que ser el juez quien decida la validez de esas cláusulas”. “Desde el Ayuntamiento vamos a prestar la máxima atención a este tema, procurando que todo lo relacionado con Valenbisi se desarrolle con la mayor normalidad para los usuarios”, agregó.

De los grupos municipales de la oposición, el portavoz de EU Amadeu Sanchis reclamó de nuevo que el servicio sea gestionado directamente por el Consistorio y no en régimen de concesión por la multinacional francesa JC Decaux. El concejal secunda la acción de la fiscalía, sobre todo, porque quedarse con los 150 euros que cada usuario abona en concepto de fianza es inaceptable.

El grupo de Compromís confía también en que la justicia anule estas condiciones abusivas como primer paso para mejorar el servicio. Joan Ribó, su portavoz, reiteró que no tiene sentido considerar que una bicicleta ha desaparecido tras un retraso en la devolución de 24 horas. “Podemos entender que haya que pagar el tiempo empleado pero nunca una indemnización por pérdida”, añadió el portavoz.