Los juristas discrepan sobre la legalidad del decreto andaluz de la vivienda

El polémico decreto aprobado este martes por la Junta de Andalucía sobre la vivienda, que contempla multas a los bancos de hasta 9.000 euros por tener casas vacías y la expropiación temporal de pisos de familias desahuciadas, divide a los juristas. “La normativa, si no vulnera, roza algunos principios constitucionales”, sostiene el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén Estanislao Arana. “La función social no puede usurpar el derecho a la propiedad. Además, la expropiación forzosa es competencia exclusiva del Estado”, argumenta el catedrático. “Si el Gobierno central quiere, puede recurrir su aprobación”, añade.

La opinión de Arana choca con la Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y coordinador de un grupo de investigación sobre cómo reformar la normativa hipotecaria. “Nada más conocer la noticia me vino a la mente la reforma agraria andaluza aprobada en 1984 y ratificada por el Constitucional tres años después. La medida contemplaba la expropiación de terrenos agrarios abandonados o sin uso. En este caso, hablaríamos de viviendas”, explica Rodríguez, quien señala que el conflicto del decreto aprobado radica en que Andalucía no tiene competencia en legislación civil pero sí la exclusiva de vivienda. “La multa de los 9.000 euros sería el impuesto por tierra infrautilizada que contemplaba la reforma de 1984”, ejemplifica el profesor.

Aunque la expropiación temporal que contempla el decreto viene acompañada por un justiprecio, Arana señala que hay que conocer si los criterios usados para fijar la indemnización son los adecuados en este caso.

Opinión opuesta tiene Carlos Galán, profesor de Derecho Administrativo de Sevilla, quien no tiene ninguna duda acerca de que la nueva legislación “es anticonstitucional de todas todas”. “Es un disparate mayúsculo”, añade.

Mientras las entidades financieras han preferido mantener silencio, las primeras críticas han llegado desde la patronal andaluza de la construcción. Fadeco critica la finalidad “recaudatoria” del decreto y asegura que está a la espera de ver el texto “para ver si puede ser atacado jurídicamente”. Los constructores ponen en duda que el Gobierno andaluz tenga competencias para legislar el derecho de propiedad y el derecho de dominio, regulado por la Constitución y cuya tutela es de ámbito estatal.