La Generalitat aspira a flexibilizar el límite de déficit hasta el 2%

La reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas llega en un momento límite para las finanzas de la Generalitat. Tres meses después de revalidar el cargo de presidente de la Generaliat, Mas sigue sin haber aprobado los Presupuestos de 2013 porque sus socios de Esquerra Republicana se han negado a votar unas cuentas con el recorte de 4.400 millones de euros al que obligaba el límite de déficit del 0,7%. Con el acuerdo para flexibilizar este déficit, Mas tendrá mayor facilidad para buscar acuerdos en el Parlament, ya sea con ERC u otro partido.

Hace ya tres semanas, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell abogó por llegar a un “acuerdo” con el Gobierno de Mariano Rajoy para ir reduciendo el déficit en 0,5 puntos del PIB cada año, con lo que se llegaría a la estabilidad presupuestaria en cuatro años, y ampliar el Fondo de Liquidez Autonómico para cubrir ese mayor déficit y los pagos pendientes a proveedores. Si consiguiera esta mejora, advirtió Mas-Colell, tendría todavía menos sentido que ERC rechazara los Presupuestos, puesto que entonces condenaría a Cataluña al 0,7% que prevé la prórroga.

No obstante, Mas-Colell también tuvo duras palabras contra el Gobierno central, al que advirtió de que es “imposible” realizar ajustes presupuestarios este año en 4.400 millones de euros. El consejero, que dijo sentir “empatía” hacia el ministro Cristóbal Montoro por la “presión” que sufre, dijo temer que el Gobierno empuje a las comunidades a recortar para adelgazar el Estado autonómico. “No nos gustaría que el Gobierno acabase haciendo de virrey de Cataluña”, alertó.

Sin embargo, sea cual sea el objetivo de déficit definitivo, ni Mas ni ERC no lo tendrán fácil. El Gobierno catalán cerró 2012 con un déficit del 1,96% del PIB. Pues bien, para mantener un desfase que ronde el 2% la Generalitat debería recortar cerca de 1.800 millones de euros, según explicó Mas-Colell: 300 millones proceden del aumento de los intereses de la deuda; 150 millones, de los pagos diferidos que se arrastran por la construcción de la Ciutat de la Justícia, prisiones y la línea 9 del metro, y 1.343 millones provienen de los ingresos extraordinarios —privatizaciones cuestionadas en algunos casos por la Justicia— que este año no se podrán repetir. Y todo ello, abundó, en plena recesión, con una caída prevista de los ingresos del 1% y en un momento de “debilidad política y jurídica” del autogobierno de Cataluña.