Mas-Colell defiende la privatización para “evitar otros recortes”

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha defendido hoy la “transparencia y profesionalidad” de la mesa de contratación en el proceso de privatización de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y ha anunciado que la Generalitat recurrirá "posiblemente en casación" si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) del Ejecutivo catalán, que obligaba a revocar el contrato.

Vila ha comparecido hoy en el Parlament para explicar el proceso de concesión de la gestión de la ATLL junto al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, quien ha justificado el proceso en la necesidad de reducir el déficit público de la Generalitat y nutrir las maltrechas arcas de la Generalitat y sanear la compañía, que arrastraba unas pérdidas acumuladas de 128 millones de euros en cinco años y una deuda total de 850 millones de euros. “Nos ha ahorrado de otros recortes dolorosos”, ha asegurado.

La concesión de la gestión de ATLL, que ha acabado en manos del consorcio liderado por Acciona, ha sido la mayor privatización realizada por el Ejecutivo catalán, al lograr unos ingresos de 995,5 millones de euros que se pudo anotar en el ejercicio 2012. Pero también ha generado un vodevil que ha terminado en los tribunales en el que el OARCC, dependiente de la Generalitat, dio un varapalo a la decisión el Ejecutivo. Mas-Colell ha explicado que la ATLL fue un “ente con una actividad importante” en inversiones e infraestructuras, que captaba fondos a través del “endeudamiento en los mercados financieros” y a través de “los fondos europeos” y la disposición adicional tercera. Y hoy, según Mas-Colell, Cataluña no puede acceder a los mercados ni recibe los suficientes recursos para inversiones del Gobierno central.

“No se podían atender las necesidades generadas por las pérdidas de la empresa. Y se necesitan inversiones para garantizar las calidad del suministro de la red que ahora no se podían hacer y hará la concesionaria”, ha sostenido. El titular de Economía ha asegurado que la crisis ha hecho imposible que se pueda cumplir con el plan del tripartito para sanear la compañía y hacerla viable en 2021, y que las inversiones necesarias hubieran abultado todavía más el “déficit tarifario” de la sociedad. Para privatizar la gestión, la Generalitat ha tenido que quedarse con el pasivo de 850 millones de la empresa –650 millones de deuda financiera y 200 millones de deuda comercial—.

El consejero de Territorio se ha centrado en defender que el proceso de adjudicación se ha ejecutado de acuerdo con la directiva europea de referencia, mediante “los principios de objetividad, concurrencia, transparencia y publicidad” y sin ningún margen de discrecionalidad. Vila ha señalado que si bien Agbar ganó la parte técnica –cuyo peso era del 25% en el concurso— al anticipar las inversiones, Acciona adelantó a la sociedad presidida por Ángel Simón en la oferta económica –el 75% restante— con una puntuación de 74,73 puntos, frente a los 31,09 puntos de Agbar. Según Vila, la mesa de contratación valoró sobre todo el mantenimiento de la plantilla durante 50 años y la tarifa que se aplicaría, un 10% inferior que la propuesta por Agbar y a aplicar de forma progresiva hasta 2015. Vila ha agregado que la decisión del OARCC se debe sobre todo a los plazos de las inversiones, que el concurso fijaba que debían realizarse en diez años y que el consorcio liderado por Acciona podría haber postergado.