Una segunda oportunidad para pagar las deudas

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, propuso ayer la creación de lo que él llamó una “ley de segunda oportunidad”, una norma que ofreciera a los ciudadanos la opción de pagar sus deudas “de forma ordenada y en plazos razonables”. La idea la lanzó el defensor tras entregar al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, el informe de su Oficina correspondiente a 2012. Siguiendo la tendencia de los últimos años, las quejas registradas ante la institución han aumentado (7.239 frente a las 6.303 de 2011) y la crisis acapara prácticamente la totalidad de este incremento.

Chamizo alertó de que en 2012 las quejas demuestran que no solo se ha agravado el desempleo, la vivienda y la exclusión social, sino que los ajustes económicos están poniendo en peligro muchos de los derechos sociales que parecían consolidados. “Aunque la educación y la salud están en esencia salvaguardados, las consecuencias derivadas de la austeridad y los recortes del gasto público ponen de manifiesto que ya no quedan espacios exentos de reducciones. Por eso nos da miedo que puedan tocarse estos dos pilares básicos de la igualdad social”, advirtió el defensor.

Ante esta situación, el Defensor instó “a escuchar las voces de la sociedad”, que, aseguró, está pidiendo “cambios radicales” en la legislación hipotecaria frente a los desahucios. “Si no es así, evidentemente, llegaremos a una rebelión social”, apuntó. La Oficina del defensor denunció también en 2012 los supuestos abusos de las entidades financieras, como en el caso de las preferentes, donde ha recibido el apoyo del Fiscal Superior de Andalucía. Otro asunto que acumuló quejas el año pasado fue la vivienda: “Hay que exigir a las entidades bancarias que todas las viviendas calificadas como protegidas de las que son titulares se ofrezcan al menos en alquiler”, afirmó. Y fue más allá: “Si no, la administración se tiene que plantear la expropiación”.

Los problemas derivados de la Dependencia son también una causa frecuente de queja ante el defensor, sobre todo por el impago que sufren los centros concertados por parte de las Administraciones y por la falta de financiación de los Ayuntamientos para las entidades que prestan la ayuda a domicilio. Chamizo abogó también por la puesta en marcha de un fondo especial de solidaridad social destinado a dotar de “un mínimo de financiación” a los recursos públicos y privados que trabajan para los colectivos sociales más perjudicados por la crisis, como las ONGs.