El largo y cambiante recorrido del ‘caso de los trajes’

El denominado caso de los trajes ha tenido un largo recorrido desde que el juez Baltasar Garzón remitió la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidido por Juan Luis de la Rúa Camps y de que este, a quien Camps definió como “más que amigo”, decidiera su archivo. El Tribunal Supremo se encargó de enfriar la alegría del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuando en 2010 falló, por unanimidad de la Sala Segunda, que esta investigación debía continuar.

El magistrado del TSJ valenciano José Flors pudo concluir la investigación contra Camps y otros tres altos cargos de su Gobierno por supuesto delito de cohecho pasivo impropio. En 2011, dos de ellos aceptaron su culpabilidad (el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, y el exjefe de Gabinete de Turismo, Rafael Betoret). Según el juez, entre 2005 y 2008, los cabecillas de la trama corrupta Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, “motivados por un interés común y con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de algunos funcionarios públicos y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana” realizaron las gestiones para obsequiarles, “de forma continuada”, con regalos “como trajes de confeccionados a medida y otras prendas de vestir". El magistrado concluyó en la sentencia que recibieron los regalos conscientes de que le eran entregados en consideración de los cargos que ocupaban.

Camps y Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, no admitieron su culpa. Para ellos supuso una ventaja que el ‘caso de los trajes’ se constituyera como una causa propia (al margen de las piezas que conforman el ‘caso Gürtel’) en la que los regalos que recibieron de la trama estuvieron desconectados de los contratos que Orange Market obtenía en ese momento de la Generalitat Valenciana. También lo fue que este caso, en contra de la opinión de muchos expertos que lo consideraban inapropiado por la figura del acusado, fuera juzgado por un jurado popular. Ambos fueron declarados inocentes por cinco votos frente a cuatro que encontraron pruebas suficientes para la condena. Por segunda vez, el Tribunal Supremo, revisando si confirma o no la absolución de Camps y Costa, ha abierto la puerta a otra posible rectificación del caso.