La juez de Lugo investiga si CiU se financió con el ‘caso Manga’

El caso Manga —derivada catalana del caso Pokémon- podría esconder un presunto caso de financiación ilegal de Convergència i Unió (CiU). La juez de Lugo que dirige las pesquisas de la trama de adjudicaciones públicas irregulares y sobornos investiga si Robert Fauria, alcalde de Sant Hilari Sacalm y presidente del Consejo Comarcal de la Selva, recibió dinero del grupo GRS destinado a pagar propaganda política de CiU. El administrador de la sociedad, Àlex Ros —que está en prisión y al que la juez atribuye los delitos de prevaricación y cohecho—, habría contactado con varios políticos de Girona para obtener favores de las Administraciones.

Ros habría realizado el presunto pago a CiU con un talón colocado en un sobre y escondido entre papeles que un trabajador de GRS habría recogido y llevado hasta el Ayuntamiento de Sant Hilari para entregárselo a Fauria. A cambio de este pago, el administrador de GRS habría recibido una factura de una imprenta en concepto de propaganda de CiU, según han informado diversas fuentes a EL PAÍS. La federación nacionalista no quiso ayer hacer declaraciones.

Robert Fauria está en libertad con cargos tras haber abonado una fianza de 18.000 euros y no ha renunciado a sus puestos públicos. Las relaciones de GRS con el Consejo Comarcal de la Selva son estrechas desde hace años. La sociedad presta asistencia y asesoramiento en las áreas de Gestión Tributaria y Catastral.

Exalcalde de Blanes

Ros, apoderado de la empresa, era el encargado de contactar con políticos cercanos para que intercedieran en favor de GRS, según los indicios recabados en su contra. Entre estos ocuparía un lugar destacado Ramon Ramos, director del Patronato de Turismo de Girona Costa Brava, exalcalde de Blanes y miembro de CiU imputado en el caso. Ramos habría intercedido a favor de GRS en más de una ocasión y habría recibido, presuntamente, diversas cantidades de dinero de la empresa entre 2009 y 2011.

El día que estalló la operación Manga en Girona agentes de la Agencia Tributaria entraron en la sede del Patronato y se llevaron copia de todos los discos duros. Una de las actividades principales de GRS Arc Local era la recaudación de tributos municipales, lo que la hacía entrar en conflicto con el Xaloc, el organismo público de la Diputación de Girona encargado de este servicio.