El fiscal superior insiste en ir a juicio para anular las preferentes

Ya van dos recursos rechazados. Pero la Fiscalía Superior de Galicia no se rinde en su empeño de obtener, por la vía judicial y con una demanda colectiva, la nulidad de productos financieros como participaciones preferentes y obligaciones subordinadas suscritas con Novagalicia Banco. El tercer asalto del ministerio público, tras desestimar la Audiencia de A Coruña su recurso de apelación contra la sentencia de un juzgado que negó legitimidad al fiscal para esa demanda colectiva, será en un juicio que se celebrará “en dos o tres meses como máximo”. “Un escenario se cierra pero al mismo tiempo se abre otro con efectos muy similares”, aseguró ayer el fiscal Superior, Carlos Varela.

Ya se esperaba el segundo revés de los tribunales. Y su estrategia será ahora aprovechar la única puerta que dejan abierta a la fiscalía: reclamar en una vista oral la “cesación” de esos miles de contratos de preferentes suscritos por las antiguas cajas gallegas. El banco nacido de ambas entidades ya no los comercializa. Pero de conseguir una sentencia que los prohíba por constituir “una práctica abusiva”, es entonces cuando un juez puede de oficio declarar nulos todos los contratos anteriores, insistió Varela. Son 43.000 los afectados inicialmente aunque un tercio ya logró resolverlos por la vía de la mediación abierta por la Xunta.

Para el fiscal jefe, una sentencia de abril de 2012 del Tribunal Europeo permite a un juez reconocer la nulidad de una práctica declarada judicialmente abusiva. Y ello supondría obligar a NCG a devolver sus ahorros a miles de clientes. Varela advirtió de que está dispuesto a llegar hasta el Supremo para lograr que prospere su demanda colectiva. “Defenderé la causa hasta el final porque es justa”, insistió . La fiscalía “no comparte”, remachó, el criterio de la Audiencia Provincial que, al igual que lo hizo en primera instancia un juez, considera que se debe analizar de forma individual cada caso.

Son diferentes por mucho que una enorme mayoría de los afectados suscribieran esos productos financieros de alto riesgo sin tener ni capacidad, ni conciencia de qué se trataba, convencidos que estaban tan contratando un déposito a plazo fijo, y no invirtiendo su dinero sin posibilidad de recuperarlo. Ya empezaron a prosperar demandas individuales en juzgados gallegos que declaran nulos esos contratos.