Agua es Vida denuncia que hubo 65.000 impagos en el recibo del agua en 2012

La crisis está diezmando la capacidad de las familias de Barcelona para asumir el pago de servicios básicos como el agua. La plataforma Agua es Vida, en la que se integran asociaciones de vecinos y plataformas ecologistas, aseguró ayer que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) inició el pasado año 65.000 procedimientos para cortar el servicio. El inicio del procedimiento no supone el corte del suministro pero sí indica un espectacular crecimiento de los casos de impago, que se habrían triplicado en un año.

Cuando el titular de un contrato del agua no paga el recibo de forma automática las compañías operadoras envían una notificación a la AMB. Fuentes del sector indicaron que el número de cortes de suministro son mínimos.

Agua es Vida efectuó la denuncia el mismo día en que decidió llevar ante la Fiscalía Anticorrupción el hecho de que Agbar suministre el agua en Barcelona y otros municipios del Área Metropolitana. Según la plataforma, y en base a una sentencia de 2010, la compañía no tendría el contrato para poder explotar ese negocio. La plataforma pretende que la fiscalía determine si ese extremo es cierto y, de ser así, si los ayuntamientos donde suministran y el AMB habrían incurrido en un caso de prevaricación. Agbar asegura que tiene el contrato.

“Esconder el contrato es realmente sospechoso”, señaló ayer Albert Recio, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). La denuncia de Agua es Vida está vinculada a la decisión del AMB de crear una sociedad mixta con Agbar para que esta se encargue del suministro del agua en 23 municipios de Barcelona. ¿Por qué? La plataforma cree que con ese movimiento se quiere regularizar una situación anómala, de adjudicación a dedo de un contrato cuando actualmente este no existiría porque, básicamente, no hubo concurso precio.

La denuncia ante la Fiscalía es el nuevo paso que efectúan las asociaciones vecinales y ecologistas. Si no prospera sopesan presentar directamente una denuncia ante los tribunales, según ha señalado el portavoz de Ingenieros sin Fronteras, Eloi Badia. En paralelo, estudian cómo estructurar un movimiento de desobediencia civil en el pago del recibo del agua, si bien están chocando con la complejidad de poner en marcha el proceso.