Urkullu choca con el PP y las víctimas por su equipo de paz y convivencia

En su primer movimiento público en materia de paz y convivencia desde su elección como lehendakari, Iñigo Urkullu, ha chocado con algunas de las dificultades y resistencias que deberá afrontar la política de su Gobierno tras el cese definitivo de ETA. Y se ha encontrado con un rosario de críticas de partidos como el PP y UPyD, así como de una parte de los grupos de víctimas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) anuncia que rompe toda relación con el Gobierno vasco, del que renuncia a recibir cualquier ayuda, mientras que Covite, el colectivo de víctimas vascas, considera que los damnificados por ETA sufren “otro varapalo” mientras el lehendakari intenta “asentar los cimientos de una visión parcial e inmoral de lo ocurrido en el País Vasco durante los últimos 30 años”.

La razón de todo ese rechazo no es otra que el perfil de quien encabezará la secretaría, Jonan Fernández, concejal de HB en Tolosa (Gipuzkoa) entre 1987 y 1991 e impulsor de distintas iniciativas sociales para la paz en las dos décadas siguientes.

El lehendakari ha defendido como “idóneo” el nombramiento y lanzado un discurso centrado en la búsqueda de consensos políticos, institucionales y sociales. Acuerdos que prioriza frente a los ritmos en el proceso del final de ETA, admitiendo la posibilidad de que estos vayan “más despacio” si el resultado que se logra es el consenso y un trabajo conjunto. Solo cuando los medios presentes en su comparecencia en Vitoria han preguntado por las discrepancias surgidas, se ha mostrado “consciente de los obstáculos, las resistencias” que van a tener que vencer.

La AVT decide romper sus relaciones con el Gobierno vasco

Unas resistencias que también estarán sobre la mesa en su reunión de mañana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que Urkullu ha mostrado la necesidad de que tanto el Gobierno como el PP, crítico con el nombramiento de Fernández, pero también reacio a sumar sus votos a los de EH Bildu y el resto de grupos para crear una nueva ponencia de paz en el Parlamento vasco, “atienda esta cuestión con otra mirada”. La polémica llega también mientras sectores de los colectivos de víctimas intentan de nuevo cuestionar la actitud del PP vasco con respecto a la izquierda abertzale y surgen conflictos en el seno de asociaciones como Covite.

Al margen de las discrepancias, Urkullu ha presentado al equipo que aglutinará las tareas que antes se repartían entre tres consejerías del Ejecutivo: Lehendakaritza, del que dependía el Comisionado para la Convivencia, Justicia —la Dirección de Derechos Humanos— e Interior —la oficina de víctimas—. Y ha detalado sus líneas maestras para lo que ha definido como un “momento histórico”. Las labores encomendadas son tres: realizar una “revisión crítica” del pasado —que debe alcanzar a “algunos más que a otros”, puntualiza Urkullu en referencia a la izquierda abertzale”—, lograr el “máximo nivel de consenso” en la consolidación de la paz y desarrollar en el seno de su Gobierno un plan interdepartamental basado en la “dignidad humana”. A ello se suma la puesta en marcha del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, aprobado por el Parlamento la pasada legislatura.

El ‘lehendakari’ plantea hacer una “revisión crítica” del pasado

Junto a Fernández estarán Mónica Hernando en la Dirección de Derechos Humanos y Txema Urkijo como asesor y coordinador de la atención a “todas las víctimas”. Hernando era hasta ahora coordinadora de programas de la ONG Unesco Etxea y Urkijo ya fue asesor en la anterior oficina de atención a las víctimas del terrorismo con Maixabel Lasa.

Urkullu ha destacado que ninguno de los tres es militante del PNV ni tiene ninguna afiliación política conocida, pero sí en cambio un “pasado reconocido en defensa de los derechos humanos”. Urkijo y Hernando han coincidido en la comisión de valoración de las víctimas de motivación política que puso en marcha el anterior Ejecutivo socialista. Este asunto deberá ahora retomarse, ya que está pendiente la aprobación del decreto que acoja a las víctimas de motivación política de una segunda etapa, los casos registrados a partir de 1978.