Moncloa defiende que limitar la atención sanitaria no vulnera competencias vascas

El Gobierno rechazó ayer, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, los argumentos con los que el Ejecutivo vasco ha realizado un requerimiento de inconstitucionalidad del Real Decreto aprobado en verano pasado con el que se limita el aseguramiento sanitario. El Ejecutivo defiende que “corresponde al Estado la facultad de coordinación” en cuestiones sanitarias y remarca que el reconocimiento del derecho a la sanidad pública “se ha reservado hasta la fecha pacíficamente a la Administración General”.

Todo lo contrario a la argumentación del Ejecutivo de Vitoria, que razona su requerimiento asegurando que los polémicos cambios implantados —sacan del sistema sanitario público, entre otros colectivos, a extranjeros sin permiso de residencia— obligan a la implantar un sistema centralizado de gestión que, “en lo que conlleva de función meramente ejecutiva”, vulnera las competencias de las autonomías. De igual manera, el Gobierno vasco asegura que el decreto impide la toma de decisiones por parte de la comunidad autónoma en cuanto al reconocimiento, el control y la extinción del derecho a la asistencia sanitaria pública.

Para el Gobierno de Mariano Rajoy, la asistencia sanitaria es una prestación no contributiva y, como tal, forma parte de la Seguridad Social dentro de lo que el Tribunal Constitucional denomina “asistencia social interna” al sistema de la Seguridad Social. “La competencia del Estado en la materia queda amparada”, mantiene.

De forma paralela a este recurso, se espera que en los próximos meses el Constitucional aclare la situación del decreto vasco contra el copago farmacéutico —incluye una neutralización de las medidas de limitación del aseguramiento—, recurrido por el Estado. En este caso, una vez aceptado el recurso, el Constitucional suspendió el decreto. Euskadi ha presentado sus alegaciones para que siga en vigor.