Las consejeras del PP emiten un voto discrepante del informe de los ERE

El informe de la Cámara de Cuentas sobre los ERE es un arma política cuyas balas han variado de calibre en los últimos meses. El documento ha pasado por tres versiones diferentes (avance del informe, versión provisional y definitiva), cada una con matices y conclusiones distintas. La primera fue la más contundente al censurar el método de las ayudas, pero esta última mantiene el fondo de la severa crítica contra el sistema.

La fiscalización somete a un análisis exhaustivo las ayudas y censura el procedimiento utilizado por la Junta y su nula publicidad. Sin embargo, los matices son esenciales según el criterio de las tres consejeras del PP, que han emitido un voto discrepante para subrayar las “numerosas modificaciones” del informe. Amelia Martínez, María José Camilleri (también vicepresidenta) y Sandra Garrido destacan su opinión discrepante sobre la nueva redacción dada a siete párrafos, la inserción de tres nuevos párrafos y la eliminación de dos. Martínez fue en 2011 la auditora del informe de la Cámara de Cuentas sobre la empresa pública Invercaria, que posteriormente ha motivado el caso judicial que investiga esta firma.

La eliminación más polémica afectaba al papel desempeñado por José Antonio Griñán durante su etapa como consejero de Economía: “Las modificaciones propuestas han sido autorizadas por el Consejo de Gobierno y el titular de la Consejería de Hacienda a lo largo del periodo 2001 a 2010 sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta por no adecuarse a la naturaleza del gasto que se aprueba”. Las consejeras argumentan que la supresión de dicho párrafo no tiene soporte técnico alguno y supone la omisión de una información necesaria para la comprensión del informe y que desvirtúan las conclusiones expuestas por los técnicos.

Después de las conclusiones de los auditores, la comisión técnica opinó al respecto y finalmente el Pleno de la Cámara aprobó el documento tras un dictamen del gabinete jurídico.

El voto discrepante subraya cómo el informe se elaboró durante ocho meses por seis técnicos, mientras que el informe del gabinete jurídico no ha sido revisado con criterios técnicos. “Ha sido utilizado como pretexto para la profunda modificación que ha sufrido el anteproyecto”, argumentan las consejeras.

El voto particular hace hincapié en un acuerdo del Pleno de la Cámara que modificó el punto 39, sobre los pagos del programa 31L a través de la agencia Idea. “La modificación elimina un hecho constatado, como es que las resoluciones se dictaron sin el amparo de ninguna relación jurídica. Esta supresión impide conocer el procedimiento articulado para la tramitación del pago de las ayudas en este periodo”.

Por último, la inserción de tres párrafos sobre el procedimiento de la ejecución presupuestaria, es un intento por amparar el sistema utilizado en opinión de las consejeras: “La inserción de estos párrafos parece querer justificar la utilización que se ha hecho de esta figura amparándose en el hecho de que así estaba establecido en la Ley de Presupuesto (...) La simple aprobación del presupuesto no legaliza el uso que se hizo de las transferencias de financiación (con menos controles que las subvenciones excepcionales)”.

Por último, las modificaciones del informe han tenido en cuenta algunas alegaciones presentadas por los órganos fiscalizados como la Consejería de Economía \[que ahora incluye Empleo\] y la Intervención, mientras que otras procedentes de la consultora Uniter han sido ignoradas.