Santiago Carrillo y el Estatuto

Santiago Carrillo Solares fue, junto a tantos otros militantes del PCE y del PSUC, el símbolo de la lucha de los comunistas por la recuperación de las libertades y la democracia. Lucha que se llevó a cabo en condiciones especialmente duras impuestas por la dictadura de Franco, en la que muchos pagaron con el exilio, la tortura o la muerte. La sociedad democrática actual debe tener presente que las libertades públicas, de las que tras la aprobación de la Constitución de 1978 ahora gozamos, deben mucho a aquellas personas que dieron lo mejor de sí mismas para que la voluntad popular fuese el único fundamento de la democracia.

La ciudadanía no puede olvidar la memoria democrática que con todo el orgullo cívico también representaron comunistas como Jorge Semprún, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Sebastià Piera, Gregorio López Raimundo o los abogados asesinados de la calle de Atocha de Madrid, entre tantos y tantos otros.

Políticamente, Carrillo se inició durante la II República, aquella esperanza frustrada de modernizar un país atrasado, subyugado por una monarquía corrupta y unos militares chusqueros, deseosos de tutelar la vida política. La defensa de la república será el santo y seña de un partido que tras la guerra pasa a la clandestinidad en unas condiciones que lo harán el blanco principal de la represión. El pacto de Múnich de 1938, por el que Francia y la Gran Bretaña ofrecieron en bandeja la cabeza de Checoslovaquia a Hitler, fue la antesala del abandono al que fue abocada la República Española por las democracias occidentales a partir de 1945. Un abandono que consolidó en el poder a Franco en su condición de adalid de la guerra fría. La reivindicación de la república como la forma de gobierno más democrática fue una de las señas de identidad de los comunistas y de Carrillo durante la dictadura.

Pero la transición a la democracia a través de lo que él mismo denominó la ruptura pactada fue un proceso en el que las fuerzas de la oposición democrática nunca tuvieron una posición hegemónica que les permitiese dirigir la configuración del nuevo régimen. El control del proceso reformista estaba en manos de personal político procedente del franquismo, que ya estaba decidido, con el apoyo del aparato del Estado franquista, a jugar otra carta política. Que esta fuese democrática estaba por ver, pero el resultado de las elecciones del 15 de junio de 1977 y la importante presencia de la izquierda y de los nacionalistas periféricos allanaron el camino para la elaboración de una Constitución que garantizase las libertades y la separación de poderes.

En ese contexto, el papel de PCE/PSUC, y específicamente el de Santiago Carrillo, con la colaboración técnica de Jordi Solé Tura, fue decisivo. Sus argumentos de entonces no pueden tampoco ser olvidados: la línea divisoria que definía el proceso político no pasaba —por duro que para Santiago y los comunistas resultase— por el dilema república o monarquía, sino por un binomio más esencial: democracia o dictadura. Así era, en una sociedad como la española de 1975 sin tradición democrática, salida de una larga dictadura que —con la corta excepción republicana— fue la continuación de otras formas de gobierno dictatoriales y autoritarias habituales en la formación del Estado español contemporáneo.

En esa configuración del régimen democrático, la cuestión de la inserción de Cataluña y el País Vasco en el nuevo Estado democrático era esencial. Cuestión que sigue pendiente de resolver, especialmente con relación a Cataluña. Un ejemplo: la sentencia del Tribunal Constitucional que jurídicamente desactivó el Estatuto de 2006 nunca tenía que haber sido como fue, pues había argumentos suficientes para desestimar el recurso planteado. Y aquí, Santiago, un político serio y de fuste, vio claro que para Cataluña el Estatuto significaba un nuevo pacto democrático con España que no podía ser rechazado. Su presencia en Madrid en el inicio del debate junto a la representación catalana tampoco puede ser olvidada.

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.