Trabajo a cambio de ayudas, un “castigo añadido” según educadores

El Colegio de Educadores Sociales de Cataluña (CEESC), ha advertido que exigir contraprestaciones de carácter social a los beneficiaros de ayudas oficiales puede convertirse en un “castigo añadido” para el usuario si las mismas no tienen ninguna relación con la demanda que el ciudadano plantea o se exigen al margen de lo que el profesional recomienda en su plan de trabajo. Este pronunciamiento de la junta de gobierno del CEESC tiene que ver con el programa de contraprestaciones sociales aprobado por el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell y el Consejo Comarcal de l’Alt Urgell (instituciones gobernadas por CiU), que obligará a los beneficiarios de esas ayudas a realizar trabajos para la comunidad. Estas personas tendrán que trabajar una hora por cada 15 euros que perciban de ayuda.

El grupo municipal del PSC-Progrés tiene previsto denunciar mañana ante el síndic de greuges, Rafel Ribó, esta medida que afectará a unas 300 personas de la comarca.

El CEESC entiende que cualquier actividad exigible al ciudadano en relación con una ayuda económica a la que tiene derecho ha de tener relación directa con los motivos por los que la persona necesita dicha ayuda y que, en todo caso, han de ser los profesionales quienes han de determinar si estas medidas han de estar ligadas al cobro de una prestación concreta. El criterio de los técnicos también es fundamental para actuar cuando se detecte que un usuario comete una utilización irresponsable o abusiva de los recursos municipales.

El órgano colegial señala que, en un momento de crisis económica gravísima, es normal que las demandas de ayuda para cubrir necesidades básicas hayan aumentado y es el momento de exigir a las Administraciones que sean sensibles aumentando las partidas económicas de los servicios sociales. “En todo caso”, señala, “deberían evitarse los juicios de valor hacia las personas más vulnerables del sistema en estos momentos tan difíciles y también la imposición de medidas que parecen dirigidas más a disminuir el gasto que a favorecer la inclusión social”.