Pleno municipal extraordinario para pagar a proveedores, entre ellos Vendex

La primera actuación del gobierno local ourensano, con el alcalde ya imputado por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, fue la convocatoria de un pleno extraordinario. A media mañana del pasado lunes, recién incorporado el regidor a la actividad municipal, los grupos de la oposición (Partido Popular y Democracia Ourensana) recibían la cita para asistir mañana a una sesión plenaria de la corporación municipal con un único punto en el orden del día: el plan de ajuste de pago a proveedores. Esto es, un reconocimiento de la deuda contraída por el Ayuntamiento ourensano desde hace más de tres meses con determinadas empresas. Entre ellas figura Procedimientos de Aseo Urbano (PAU), del grupo Vendex y de la que también es administrador único el máximo responsable del holding, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, en prisión —junto con el exconcejal de Urbanismo de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, suspendido de militancia en el PSdeG— por orden de la juez de Lugo que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara.

Las facturas pendientes de pago que el gobierno local someterá a aprobación plenaria superan el millón de euros. Las que consigna a la empresa Vendex son por importe de más 18.000 euros, correspondientes a la “limpieza de nuevas dependencias municipales: Galiña Azul, Centro Cívico, Nuevas Tecnologías y otros”. Los pagos pendientes corresponden a los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y julio de 2010.

En el mismo expediente se incluyen facturas que la institución local ourensana adeuda al periódico La Región y la televisión local Telemiño por más de 71.400 euros en concepto de patrocinios de programas y publicidad. Los otros medios de comunicación que se incluyen en estas facturas son Radio Ourense, con la que la deuda contraída es de 9.417 euros, y la Cadena Cope, con solo una factura por importe de 1.662 euros.

Los ediles de Democracia Ourensana registraron a finales del año pasado una denuncia en la Fiscalía de Ourense por supuesta malversación de fondos públicos del gobierno ourensano por el pago de las facturas al periódico local. Correspondían a ese mismo año de 2010 y estaban reseñadas como “no conformes” por el interventor municipal aunque el gobierno local las pagó finalmente con el aval del alcalde.