La Seu d’Urgell se mantiene firme en cobrar por las ayudas sociales que presta

El pleno del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell (Alt Urgell), gobernado en minoría por CiU, ha rechazado esta noche una propuesta del grupo municipal del PSC-Progrés en la que se solicita la retirada del nuevo programa de contraprestaciones sociales que obligará a los beneficiarios de ayudas sociales a realizar trabajos para la comunidad.

En la votación no se produjeron sorpresas y, tal como se esperaba, la moción socialista fue derrotada con los votos de los ocho concejales de CiU y los dos de ERC y PP. El único edil de ICV votó a favor de que se deje sin efecto el proyecto de contraprestaciones.

La medida, que está previsto que se empiece a aplicar a partir del próximo 1 de octubre, afectará a unas 300 personas de la comarca que en la actualidad reciben algún tipo de ayuda social para atender sus necesidades básicas. Estas personas tendrán que trabajar una hora por cada 15 euros que perciban del Consistorio y si no lo hacen, por estar discapacitados u otros motivos, perderán la ayuda social si no encuentran un sustituto que en su lugar realice la tarea asignada.

Derechos y Estatuto

El rechazo de la moción provocó un sentimiento de decepción en el grupo socialista, en la oposición. Su portavoz, Òscar Ordeig, manifestó que la medida es “ilegal” y provocará más exclusión al eliminar el derecho a una asistencia social de primera necesidad a las personas más vulnerables.

El grupo socialista recuerda que en el Estatuto catalán se reconocen los derechos y deberes de ámbito civil y social de las personas, entre las cuales se encuentran los derechos relativos a los servicios sociales.

El nuevo sistema que pretende aplicar CiU en el Alt Urgell “estigmatiza la pobreza y a las familias con dificultades”, además de ser una medida populista para tapar las carencias en la atención de los servicios sociales actuales. “Nos encontramos ante una ofensiva para restringir el acceso a la sanidad, a la educación y a la asistencia social básica. Es injusto que los más débiles acaben pagando la crisis y la mala gestión del equipo de gobierno”, ha manifestado Ordeig.

El pleno municipal de La Seu d’Urgell acordó también llevar la resolución de cobrar por las prestaciones sociales al Síndic de Greuges para que este decida si es correcta su aplicación y si vulnera algún principio ético.