“Cumplen los criterios técnicos”, alega la consellería

La Consellería de Cultura aseguró el pasado viernes que avaló las propuestas presentados por las polémicas firmas tras estudiar “escrupulosamente” sus proyectos y comprobar que “cumplían los criterios técnicos”. El mismo departamento afirmó no obstante que la Xunta “no volvió a contratar obras a estas empresas después de fueran imputadas por la justicia por presuntas irregularidades” y que se limita a autorizar actuaciones encargadas por promotores privados. “Que haya ciertas empresas que están imputadas por la justicia por presuntos de corrupción, no quiere decir que estén invalidados para realizar obras contratadas por particulares”.

Sin embargo, la consellería admitió que desde 2010 instruye un expediente informativo sobre las prácticas de las firmas CBC Márquez Vieira y Abside por “presunta mala práctica en la ejecución de alguna restauración de patrimonio histórico”. Una investigación que todavía no está finalizada y en la que los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio continúan trabajando y tratando de dar respuesta a las alegaciones presentadas por estas empresas.

“Desde el inicio de la Operación Retablo, la Consellería de Cultura llevó a cabo una serie de medidas para cambiar la metodología de ejecución de restauración de piezas, realizando controles mucho más exhaustivos de los proyectos y las empresas que los realizan. Por ejemplo, ahora se exige que se detallen al máximo los materiales y técnicas que se van a utilizar y se realizan muchos más controles de las obras”. Esa es la explicación oficial de Cultura que además insiste en que solicitó a “restauradores independientes” que colaborasen en estos trabajos con el objetivo de “garantizar una investigación y un control mucho más riguroso”.

Esos supuestos “restauradores independientes” a los que alude el departamento de Jesús Vázquez son en realidad funcionarios de los museos de Belas Artes de A Coruña, Arqueolóxico de Ourense y del Etnolóxico de Ribadavia.

Esos técnicos suplen a los restauradores de la Consellería de Cultura en la tarea de supervisión, una competencia que hasta 2010 vino ejerciendo en las provincias de Ourense y Pontevedra Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, el extrabajador del Gobierno gallego a quien tanto el juez como el fiscal sitúan en el epicentro de la trama retablo y que ahora trabaja en el Museo Subacuático de Cartagena.