La coordinadora en defensa del agua recurrirá la privatización de Jerez

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua ha sido la primera en reaccionar ante la súbita decisión del gobierno municipal de Jerez de privatizar la gestión de este bien durante 25 años a cambio de un canon de 80 millones. La alcaldesa María José García Pelayo (PP) ha aprobado este viernes el cambio de modelo de gestión hasta 2037. Y la plataforma, integrada por 37 colectivos de la ciudad —entre partidos políticos, ecologistas, organizaciones de consumidores y asociaciones de vecinos—, ha anunciado que "agotarán la vía judicial" para frenar una decisión "torpe, ingenua y desacertada".

A pesar de que la alcaldesa insiste en subrayar que el gobierno local ha "blindado" el servicio en un "duro" pliego de condiciones para la concesionaria, los partidos de la oposición y la coordinadora alertan de los efectos del paso dado por el PP. Pelayo ha asegurado que el recibo no va a subir, que "no habrá ERE en la plantilla de 80 empleados de Aguas de Jerez (Ajemsa)" y que el agua "seguirá saliendo de los grifos con calidad", gracias a "inversiones en obra nueva y de mantenimiento". Sin embargo, la plataforma avisa de que "no hay ley que proteja de las consecuencias de la privatización del agua" en los municipios en los que se ha optado por esta fórmula. "En Huelva, algunas familias, para evitar pérdidas en roturas de tuberías, han tenido que aumentar la presión con motores bomba, pese a soportar una subida de la factura del 20%", remacha la coordinadora.

"Pese a lo que puedan escuchar, los ciudadanos pueden estar tranquilos", ha replicado Pelayo, quien se esfuerza en generar confianza tras meses de vaivenes. En sólo un mes, el gobierno dio luz verde a la privatización en un pleno y dio marcha atrás. En menos de 30 días, el Ayuntamiento cambió una concesión de 25 años por la venta del 49% de la empresa municipal de un servicio básico. Solo cuatro meses más tarde, el gobierno vuelve a cambiar ahora de fórmula.

Hace unas semanas se hizo público que el Consistorio, sin previo aviso, iba a emitir un recibo extra del agua en agosto para "actualizar los contadores" por un retraso histórico de dos meses en la facturación sobre el consumo. Sorprendido por las críticas ciudadanas ante un recibo inoportuno, el gobierno explicó, durante tres días, que solo se trataba de una regularización que incluso habían solicitado los propios usuarios por las dificultades que entrañaba para ellos hacer un cambio de titularidad por el retraso en los contadores. Entonces el gobierno del PP ya preparaba, en silencio, el escenario para privatizar la gestión del agua.