La Generalitat pide la imputación de Blasco en el ‘caso de la cooperación’

La Generalitat ha pedido la imputación del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, en el caso de la cooperación, la causa abierta para investigar el saqueo entre 2008 y 2011 de los fondos autonómicos destinados a países en vías de desarrollo orquestado en torno a una trama de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el síndic popular.

La Abogacía General de la Generalitat, que recibió en marzo el encargo del Consell de personarse como acusación particular, ha respondido en un escrito fechado el pasado 24 de julio a la consulta sobre la imputación realizada por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana Pía Calderón. La juez fue nombrada ponente del caso después de que Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, consultara el traslado de la investigación a una sala superior dada la condición de Blasco de aforado por ser diputado autonómico.

“Parece conveniente, a juicio de esta Abogacía General, la elevación de la causa al TSJ-CV con el fin de que el señor don Rafael Blasco Castany pueda prestar declaración con las máximas garantías que el ordenamiento le confiere para la mejor defensa de sus derechos e intereses en el procedimiento”, concluye el escrito. La Abogacía explica que la finalidad es que “prosiga la investigación por el órgano judicial competente” dada la condición de Blasco. Parece una conclusión lógica, pero si la Abogacía considerase que no hubiera indicios que apuntan al síndic podría haber pedido que no se le imputara y que la causa siguiera a cargo del juzgado de Instrucción número 21.

El TSJ consultó a las partes

Pero el auto de la magistrada Molina es tan contundente que la acusación particular que ejerce la Generalitat se pliega a la evidencia en varios puntos de su escrito. “Existen sospechas de la existencia de posibles irregularidades, así como de la participación de distintas personas, tanto físicas como jurídicas, algunas al margen de la organización administrativa, y otras en el seno de la jerarquía administrativa”, relata en un punto el escrito. En otro proclama que “hasta el momento parece evidente que el entramado de sociedades, tanto españolas, como otras americanas, se benefician, tanto ellas como sus dirigentes, administradores y demás partícipes, de sustanciosos importes que debieran ser destinados para ayudas a ejecutar por ONG”.

Abogacía recuerda que tanto la juez como la fiscalía apuntan a que algunas personas de la Administración “presuntamente se lucran”. En el caso de Blasco, la juez aseguró que había “sólidos indicios de participación en la actividad ilícita” y que hasta “participó de los beneficios ilícitos obtenidos al recibir determinadas cantidades de dinero”.

El escrito apunta además que “parecen significativas las numerosas grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por los partícipes en la presunta trama”. Y ahí menciona al principal imputado, y único que está en prisión, el empresario Augusto César Tauroni. Este mantuvo multitud de llamadas y mensajes con Blasco.