El Síndic abre una queja de oficio sobre la situación actual de los servicios sociales

En los últimos meses el Síndic de Greuges ha criticado y cuestionado la tardanza, los criterios y los impagos en la aplicación de la ley de Dependencia. Y en la mayoría de las ocasiones la respuesta de la Generalitat ha sido la misma: quienes se quejan tienen razón y deben cobrar, pero no hay dinero.

Ahora José Cholbi da un paso en esta cruzada para conseguir mantener las prestaciones, y anunció el viernes, a través de una nota de prensa, que la Sindicatura ha abierto una queja de oficio para estudiar la situación actual de los servicios sociales generales de la Comunidad Valenciana y conocer de primera mano las prestaciones gestionados por dichos servicios sociales. En realidad, según fuentes del equivalente valenciano del Defensor del Pueblo, el objetivo de la investigación es conocer si la Generalitat está pagando a los Ayuntamientos para que puedan prestar estos servicios.

José Cholbi se ha dirigido a la Consejería de Bienestar Social para “comprobar la correcta aplicación de la Ley 5/1997, de 25 de junio”, de la Generalitat Valenciana que regula el sistema de Servicios Sociales, y que en su momento estableció su organización en dos apartados: Servicios Sociales Generales o Comunitarios, por un lado, y Servicios Sociales Especializados, por el otro.

En su petición de informes, Cholbi hace hincapié en la convocatoria de ayudas a las entidades locales en concepto de mantenimiento de los mencionados servicios sociales. Por todo ello, José Cholbi ha resuelto “estudiar detenidamente” la situación actual de los mencionados servicios sociales y las prestaciones sociales por estos gestionados. Del estudio de la citada ley se desprende que los servicios sociales generales se constituyen como “la estructura básica” del sistema público de servicios sociales, debiendo garantizar una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población, a través de actuaciones preventivas, asistenciales y de rehabilitación a nivel primario, con carácter “universal y gratuito”.

Estos servicios sociales generales se prestan por equipos interdisciplinarios en centros sociales dependientes de la Administración local, dado que la titularidad y gestión de estos servicios corresponde a los Ayuntamientos o las Diputaciones.