El PP expulsará al alcalde de Portas por reconocer que defraudó a Hacienda

"Aplicaremos los estatutos y no podrá ser regidor con nuestras siglas", avisa Rueda

Santiago de Compostela - 02 jul 2012 - 19:33CEST

El secretario general del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, advirtió ayer al regidor del municipio pontevedrés de Portas, Roberto Vázquez, que “no podrá” continuar como alcalde “bajo las siglas” del PP si reconoció haber cometido delito fiscal y “a ese reconocimiento se le da formalidad”. Esta “formalidad”, en realidad, ya es un hecho desde el momento en que los abogados de Vázquez remitieron una propuesta de acuerdo con Hacienda en la que admite que cometió el fraude del que se le acusa.

El conselleiro de Presidencia hizo estas declaraciones después de que los periodistas le preguntaran sobre las medidas que el partido llevará a cabo ahora que el regidor de Portas negocia con la Agencia Tributaria por el impago de más de 150.000 euros. A este respecto, Rueda puntualizó que “como todos los miembros del PP”, Vázquez “tiene que cumplir los estatutos del partido”, que “son muy claros”.

De este modo, avanzó que si el que es alcalde del Ayuntamiento de Portas desde hace 20 años “hizo ese reconocimiento y se le da formalidad, no podrá mantener su cargo como miembro del Partido Popular” aunque, apuntó, “aún no” se le ha abierto el expediente. “Que no dude nadie de que, si efectivamente es así, actuaremos en consecuencia. Aplicaremos los estatutos y no podrá ser alcalde bajo las siglas del PP”, zanjó el secretario general de los populares gallegos, según informa Europa Press.

El proceso que anuncia ahora Rueda es parecido al que se desencadenó con Gerardo Conde Roa, alcalde popular de Santiago hasta el pasado mes de abril, tras asumir un delito fiscal. En la propuesta de acuerdo enviada al fiscal y al abogado del Estado, los letrados del alcalde de Portas también han aceptado los hechos de los que se acusa a su defendido, falsedad en documentos y fraude a Hacienda por 151.432 euros, correspondientes a la empresa Pazos Souto 2000, de Roberto Vázquez. El alcalde quiere zanjar el asunto devolviendo el dinero defraudado y pagando una serie de multas adicionales.

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