Más de 1.500 vizcaínos dejan de recibir ayudas al endurecerse su concesión

Un total de 1.583 vizcaínos han dejado de recibir ayudas sociales este año al endurecerse las condiciones para su concesión fijadas por el Gobierno y la Diputación. En una comparecencia solicitada por Bildu en las Juntas Generales, la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, precisó ayer que de las 36.887 solicitudes aceptadas en diciembre pasado para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) —ayuda que concede el Ejecutivo—, 1.746 llevaban menos de tres años empadronadas en algún municipio del territorio, por lo que el 1 de enero dejaron de cobrar este dinero. Y 1.583 sumaban menos de 30 meses inscritas en algún padrón vizcaíno, por lo que también dejaron de recibir las ayudas a la inclusión social que otorga la institución foral.

El Gobierno elevó en diciembre de 2011 de uno a tres años el tiempo mínimo de empadronamiento para recibir la RGI. A continuación, la institución foral subió de seis meses a dos años y medio el empadronamiento necesario para cobrar sus ayudas especiales para la inclusión social. La institución foral aseguró que había dado el paso por el endurecimiento previo del Ejecutivo.

Ardanza insistió ayer en este mismo argumento al señalar que el sistema de garantía de ingresos “es competencia de la Administración General de la comunidad”. “La Diputación no ha sido responsable del sistema, sino un simple ejecutor de la normativa aprobada en el Parlamento vasco”, manifestó.

Críticas de Bildu

Amaia Agirresarobe, de Bildu, acusó a la Diputación de “escudarse en las competencias del Gobierno vasco” para eludir ayudar a esos 1.583 vizcaínos que, dijo, “no van a poder cubrir sus necesidades básicas”. La juntera abertzale resaltó que el PNV “avaló” la reforma de la ley, por lo que “es responsable” de que el sistema de protección social sea menor, aseveró. Avanzó que Bildu lanzará una propuesta para que la Diputación apruebe “unas ayudas específicas” para las personas que se hayan quedado excluidas.

Ardanza respondió que su partido “no apoyó” los cambios normativos —se abstuvo en la votación—. “Se nos acusa de cómplices y no es así”, enfatizó. “Sabemos que 1.700 familias están viviendo una situación dramática. No queremos que esto ocurra y para eso tenemos nuestras ayudas. Pero en el marco de nuestras competencias”, zanjó.