El CES reclama que RTVV potencie el valenciano y la producción propia
El organismo recomienda modificar diversos aspectos del anteproyecto de ley Los sindicatos piden que se pare el ERE durante la tramitación parlamentaria

La futura ley que modificará el modelo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), pendiente de su tramitación en las Cortes, debería hacer “un mayor hincapié en la labor de promoción, difusión y protección de la lengua valenciana” e impulsar la producción propia. Así lo estima el Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana en el dictamen preceptivo pero no vinculante sobre el anteproyecto de la ley, que prevé que RTVV se regule a través de un contrato-programa que deberá cumplir y establece la elección del director general por las Cortes Valencianas, entre otros aspectos.
El organismo cree “posible mejorar” la organización prevista, y resalta que “los porcentajes de desviación presupuestaria” que se establecen para la posible destitución de los miembros del consejo de administración y el director o directora general “son demasiado altos, pudiendo dar lugar a desequilibrios presupuestarios muy elevados”.
El CES también destaca que el anteproyecto “debería plasmar la necesidad de que el Grupo Ràdio Televisió Valenciana, SA sea un instrumento de vertebración de la realidad, no solo económica, social y cultural” de la Comunidad Valenciana, “sino también de su diversidad territorial”. En ese sentido, el organismo consultor propone que “los servicios previstos el contrato programa también se orienten a dar a conocer la riqueza y diversidad de todo el ámbito territorial” valenciano.
Además, el dictamen destaca que las Cortes deberían aprobar los “mandatos-marco” al grupo de RTVV “en los que se concreten los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados”.
A la vista del dictamen, difundido por la Intersindical, los representantes de este sindicato en RTVV consideran “más que evidente que el proceso de ERE que se prepara” debería “paralizarse”.
RTVV ha contratado los servicios del bufete de abogados Garrigues para sacar adelante un ERE que prevé el despido de un 66% de sus 1.800 empleados.
En esa línea, los sindicatos CC OO y UGT, con representación en el CES, entregaron un voto particular que pedía que se incluyera en el dictamen la petición de parar el ERE mientras se tramita en las Cortes la ley.
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