El exprimer teniente de alcalde y un concejal de Alcorcón, en el banquillo

El exprimer teniente de alcalde de Alcorcón, Óscar Romera y el concejal de Seguridad, Antonio Soyago han entrado a primera hora de la mañana al juzgado de instrucción número 7 de Alcorcón para testificar como imputados por la denuncia interpuesta el pasado mes de septiembre por el jefe de la policía municipal, Sergio Ruiz Platero, en la que se les acusaba de acoso en el ámbito laboral y amenazas. A la entrada a los juzgados, los acusados no han querido hacer declaraciones.

El pasado 2 de marzo el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio madrileño, José Antonio Tejero Redondo, admitió a trámite la querella presentada por Ruiz y les imputó como presuntos autores de los delitos de acoso laboral, coacciones y prevaricación (dictar una orden a sabiendas de que es ilegal).

Platero presentó el pasado 12 de septiembre una denuncia contra los dos ediles del Ayuntamiento de Alcorcón (168.000 habitantes), gobernado por el PP, a los que acusa de acoso en el ámbito laboral y coacciones, según informaron fuentes judiciales. El mando -funcionario de carrera aprobada tras una oposición- se había reunido el día anterior con el primer teniente de alcalde, Óscar Romera, y el concejal de Seguridad, Antonio Sayago, y ambos le dijeron que se buscara un nuevo puesto o que en caso contrario le iban a echar, según las citadas fuentes.

Las relaciones entre el equipo de gobierno y el jefe de la Policía Local se deterioraron después de la denuncia. Fuentes del PP acusaron al mando de desobedecer las instrucciones de cómo debe dirigir el servicio. Aunque el primer teniente de alcalde negó que el equipo de gobierno hubiera perdido la confianza en el jefe de policía, fuentes municipales aseguraron que la denuncia había mermado la relación con el equipo de gobierno y rechazaron que estuviera al frente de una institución tan importante una persona tan conflictiva.

El mando fue expedientado por tres faltas graves. El equipo de gobierno le acusó de falta de coordinación y de falta de respeto hacia un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, de abuso de atribuciones y de falta de colaboración con la Policía Nacional y de uso de armas sin causas justificadas durante los disturbios de las fiestas patronales de ese mes de septiembre.