Los funcionarios de prisiones y la Generalitat alcanzan un preacuerdo

El Gobierno catalán ha comenzado hoy a cerrar algunos de los frentes que mantiene abiertos con los funcionarios a raíz de los recortes presupuestarios. La Dirección General de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia y los sindicatos que representan a los funcionarios de las prisiones han llegado en la madrugada de este sábado a un preacuerdo para elaborar el nuevo convenio laboral, que prevé rebajas salariales y de días festivos, según han informado fuentes sindicales.

El principio de acuerdo establece el mantenimiento de un complemento salarial de 110 euros mensuales y una reducción de 32 euros en un segundo complemento, de 133 euros, durante 2012, aunque aún está pendiente la ratificación de los trabajadores mediante asambleas en los centros penitenciarios.

Además, los trabajadores públicos de prisiones perderían dos días festivos extraordinarios anuales, pasando de 16 a 14, según las mismas fuentes. Una vez ratificado por los trabajadores, el acuerdo deberá ser aprobado por la mesa sectorial de negociación del personal de administración y técnico, y en última instancia por el Gobierno, un proceso que se prevé culminar antes del 31 de marzo.

De ser así, se pondría fin a una negociación que se ha alargado un mes y que ha motivado duras protestas de los funcionarios, que han llegado a bloquear los accesos a distintos centros penitenciarios. La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha considerado hoy "muy valioso" el preacuerdo. Ortega ha destacado que este es fruto de una "larga negociación" en la que se ha intentado satisfacer "a todas las partes".

El foco se centra ahora en la falta de acuerdo entre el Departamento de Interior y los Mossos d’Esquadra, que los últimos días han intensificado sus protestas contra los recortes. La última reunión con los representantes sindicales de los Mossos d'Esquadra ha concluido sin pacto y con la ruptura de las negociaciones.

Los Mossos han aceptado algunas medidas propuestas por la Dirección General de la Policía, como la congelación salarial, pero se han mostrado contrarios a asumir recortes.