Victoria para los “héroes” de Milei: la Justicia argentina cierra cientos de causas por evasión fiscal

En abril de 2024, cuando llevaba apenas unos meses en el despacho presidencial de la Casa Rosada, Javier Milei se dirigió a empresarios que lo escuchaban en un lujoso hotel de la Patagonia y les dijo que quienes lograran “escaparse de las garras del Estado” no serían para él delincuentes, sino “héroes”. “Así, no tienen que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles”, remató. Casi dos años después, su doctrina plasma una importante victoria: las causas abiertas por delitos de evasión caen de a cientos en los tribunales argentinos. La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal elevó los montos punibles y, aplicada de manera retroactiva, exculpa a miles de evasores que eran investigados.

La nueva legislación elevó el umbral del delito de evasión simple a 100 millones de pesos (unos 73.000 dólares), y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos (730.300 dólares aproximadamente), lo que implica un aumento de más del 6.500% respecto de los montos previos. Al aplicarse el principio de la ley más benigna —que, ante cambios de ley, considera la que resulta más favorable al imputado—, la norma genera un efecto hacia atrás y desactiva expedientes que fueron abiertos por valores más bajos. “La consecuencia ahora es que tenemos que dejar en la impunidad a una cantidad enorme de casos”, señala un funcionario judicial.

Si bien la ley fue aprobada a fines del año pasado, junto con el presupuesto 2026, se reglamentó este mes y comenzó a aplicarse tras el fin de la feria judicial correspondiente al verano en el hemisferio sur, el 31 de enero pasado. La asesoría que conduce César Litvin, una de las más prestigiosas en materia tributaria de Argentina, es una de las que ha recibido un aluvión de consultas en el último tiempo por este tema.

“No se habían elevado los montos punibles vigentes desde 2018, que con la inflación que hay en Argentina habían quedado muy bajos. Una evasión de 1.000 dólares ya era punible; hasta un quiosquito entraba”, resalta Litvin, para quien la desactualización de los valores generó una “superpoblación de casos en la Justicia por bagatelas”. El CEO de Lisicki Litvin & Abelovich precisa que la nueva ley obtura la posibilidad de la aplicación retroactiva en el futuro porque en su texto aclara que a partir de ahora se tomarán como referencia los montos vigentes al momento de cometer el delito. La nueva ley también define la actualización anual automática de los umbrales, de modo que se espera que no sufran otro atraso como el acumulado desde 2018.

No siempre el principio de la ley más benigna se ha aplicado en este tipo de casos, porque jueces y fiscales han interpretado que las subas de los montos mínimos no implicaban un cambio en la valoración social de la conducta, sino que respondían simplemente a actualizaciones inflacionarias. Ahora, sin embargo, hay un elemento que fuerza a admitir el cierre de las causas: la postura muy clara de la Corte Suprema de la Nación, ya fijada en ese sentido en el caso Vidal.

¿Quedan totalmente impunes los delitos cuyas causas se cierran? No completamente, porque resta la sanción que puede aplicar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una multa pecuniaria, que en el caso de defraudación fiscal equivale a entre dos y cinco veces el monto de la defraudación.

Dentro de la Justicia hay quienes desconfían de la tesis de que ahora se podrá ir finalmente detrás de los peces gordos, despejado ya el gran caudal de trabajo generado por hechos de “pequeña” evasión. Desconfían no solo por cuestiones vinculadas a la burocracia interna del fuero penal, que tiene una tendencia a investigar casos chicos y poco complejos, sino sobre todo porque la justicia penal tributaria es muy dependiente de ARCA, que bajo la conducción política de Milei difícilmente se comprometerá con la denuncia de causas por montos superiores al umbral que traza la ley.

Una mirada por la web oficial de ARCA da una idea. “La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, se lee en la página del organismo nacional de fiscalización impositiva.