Cinco años de aborto legal en Argentina: un derecho que resiste a los ataques de Milei

Cuando el 30 de diciembre de 2020 el Senado argentino aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la calle estalló: la euforia brotó en el seno de un movimiento con decenas de miles de activistas que, en pleno verano pandémico, logró un derecho que se reclamaba desde hacía décadas. Argentina se convirtió en ese momento en el quinto país de América Latina —después de Cuba, Uruguay, Guyana y, entonces solo en algunos Estados de México— que despenalizaba el aborto de forma total hasta la semana 14, es decir, que ya no se requería demostrar una violación, riesgo de vida o de salud de la gestante.

Cinco años después, más de 314.000 mujeres han accedido a un aborto de forma segura y gratuita en la sanidad pública argentina, pero los equipos médicos que garantizan este derecho se enfrentan a cada vez más obstáculos a medida que avanza la agenda social ultraconservadora del Gobierno de Javier Milei.

Milei sostiene una firme posición contra el aborto, que considera un “asesinato agravado por el vínculo” y ha pretendido relacionarlo con la caída en la tasa de natalidad. Aun sin intención inmediata de derogar la ley, sí ha vuelto más difícil su aplicación, como señala un informe publicado por Amnistía Internacional. Entre las acciones tomadas por el Estado destacan: la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona (medicamentos esenciales para abortar de forma segura); la reducción en la provisión de anticonceptivos y tests de embarazo —instaurada como política pública desde 2002—; el desmantelamiento del Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia —que entre 2018 y 2022 contribuyó a reducir los embarazos adolescentes en un 49%— y la falta de información accesible para que las mujeres y personas gestantes conozcan sus derechos.

“Hay personas que llegan a la consulta creyendo que la ley del aborto se cayó, porque este discurso de odio ha generado mucha confusión”, explica Julieta Bazán, médica en un hospital público de la provincia de Buenos Aires y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que desde 2014 garantiza la interrupción legal del embarazo dentro del sistema de salud pública.

Además de la invisibilización del derecho, esta doctora advierte de que está en peligro su gratuidad. “No podemos naturalizar que ya no se entreguen anticonceptivos ni preservativos”, advierte. Aparte de embarazos no deseados, ayudan a prevenir enfermedades venéreas, como la sífilis o el VIH, cuyos contagios han aumentado desde 2023. Bazán apunta también a la realidad económica de pacientes que “desean una maternidad, pero no pueden llevarla adelante”, en un contexto de crisis y aumento del trabajo informal. “Esas son las ambigüedades de este Gobierno: está en contra del aborto, pero genera escenarios para que la gente termine abortando”.

Este año, la Red organizó el primer Congreso de salud sexual y aborto seguro en Argentina, que según Bazán “se desbordó” de profesionales de la salud “con mucha necesidad de compartir”, entre otras cosas, “que están trabajando de manera muy solitaria” porque, “en un contexto de avance antiderechos, te expones a riesgos de hostigamiento profesional”. Esta médica destaca que llegan pacientes derivadas por Socorristas en Red, un colectivo articulado en 2012 que facilita abortos –con información, acompañamiento y medicación– desde años antes de su despenalización. La periodista Laura Rosso documentó su labor, y destaca el carácter “totalmente transversal” del aborto: en los grupos de socorristas, encontró a mujeres “con y sin hijos, en pareja, separadas, jóvenes, grandes… y eso te da a entender que somos todas”

Batalla cultural

Milei encabeza también una “batalla cultural” contra la Educación Sexual Integral (ESI), obligatoria desde 2006 en todos los centros educativos del país y, según él, una política que “deforma la cabeza a la gente”. Celeste Mac Dougall, docente y especialista en ESI, teme por la reforma educativa que el Gobierno pretende llevar adelante: “Todavía no se han metido con la ESI, pero creo que es el próximo paso”.

La naturaleza multidimensional de la salud sexual y reproductiva caracterizó al movimiento que condujo a la legalización del aborto: la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una red federal de colectivos y personas que, desde 2005, trabajaba por la despenalización del aborto en Argentina. Movimientos feministas, barriales, sindicatos, instituciones académicas, incluso organizaciones religiosas disidentes, como Católicas por el derecho a decidir, se unieron alrededor de un símbolo, el pañuelo verde, y de tres consignas: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.”

“Silencio, vergüenza y culpa”

En 2015, con el auge de los feminismos organizados a nivel global y del movimiento Ni Una Menos a nivel local, la discusión del aborto empezó a tomar una dimensión definitiva “después de décadas de silencio, vergüenza y culpa”, dice Martha Rosenberg, médica, psicoanalista y figura clave del movimiento por los derechos reproductivos en Argentina. La ley “transforma un hecho secreto y traumático en algo compartido y pensado”, dice. Rosenberg, de 89 años, ha dedicado gran parte de su vida a acompañar a personas que transitan por esta experiencia. “Hemos logrado que el aborto sea un tema político, económico y de salud mental” y, sobre la ley, advierte: “es un hito, pero es un piso”.

El conocido como caso Belén representó un punto de inflexión en la despenalización del aborto en Argentina y se convirtió en libro y después en una película (Belén, dirigida por Dolores Fonzi) que competirá en los Oscar. Belén es el nombre ficticio de una joven tucumana que, en 2014, llegó al hospital en medio de un aborto espontáneo, y fue encarcelada tras ser acusada de homicidio, bajo argumentos jurídicos cuestionados por juristas y organismos de derechos humanos. La abogada que, casi tres años después, logró anular su condena y ponerla en libertad, Soledad Deza, cuenta cómo se evidenció que, “incluso en un caso donde la voluntad no había mediado, la maquinaria simbólica y el poder judicial —que es el statu quo—, eran capaces no solo de perseguir a alguien, sino de encarcelarlo”. El caso de Belén desplazó el foco del debate de “lo que hacen las mujeres” a “lo que hace el Estado”, y aceleró una mayoría social y política hacia la despenalización del aborto.

La Ley n.º 27.610 transformó el país y empujó el cambio en América Latina. Colombia despenalizó el aborto en 2022 y México, en 2023. En Argentina, el aborto pasó de ser la principal causa de muerte de mujeres en edad fértil, a un servicio de la salud pública del que se beneficiaron más de 314.000 personas entre 2021 y 2024. Fue un camino largo y no está exento de amenazas, como lo revela el caso de Paola Ortiz en Córdoba, que cumple cadena perpetua, acusada de homicidio, por haber parido en 2012 a una bebé sin vida.

Mac Dougall parafrasea a Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”. Mientras Milei acusa a las defensoras del aborto de tener “el cerebro lavado por una política asesina”, Rosenberg recuerda la unión que hizo posible la aprobación de la ley: “Éramos muchas, y teníamos diferencias ideológicas profundas, pero en entender el aborto como derecho estuvimos todas juntas”. La activista lamenta que muchas abandonaron la militancia, y que hoy las reuniones de la Campaña ya no son multitudinarias: “conseguimos la ley. Ahora hay que sostenerla”.