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Argentina juzgará en ausencia a siete altos funcionarios iraníes por el atentado a la AMIA

La justicia ordena realizar el juicio a los imputados por el ataque terrorista que en 1994 mató a 85 personas

ARCHIVO - La gente sostiene fotos de las víctimas del atentado en una ceremonia del 30 aniversario del atentado contra el  AMIA en Buenos Aires, Argentina, 18 de julio de 2024.
Javier Lorca

La justicia argentina ha resuelto juzgar en ausencia a 10 acusados por el atentado a la asociación mutual israelita AMIA, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. Hasta ahora no hay ninguna persona condenada por el ataque terrorista perpetrado en Buenos Aires en 1994. Los imputados son siete ciudadanos iraníes —exdiplomáticos y altos funcionarios— y tres libaneses: podrán ser juzgados gracias a una ley aprobada en febrero pasado, que habilitó el desarrollo de juicios aun cuando los acusados no se presenten ante los tribunales. La decisión judicial suma tensión a la relación de Argentina con Irán, país al que presidente Javier Milei, aliado incondicional de EE UU e Israel, definió la semana pasada como “un enemigo” de la nación.

“El juicio en ausencia, por más limitado que sea, aun así sigue siendo una herramienta que permite, al menos, intentar conocer la verdad, reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, darles a quienes representan a las víctimas un lugar para expresarse públicamente”, argumentó el juez Daniel Rafecas, en su resolución. El proceso será un juicio oral y público sin los acusados y sin su declaración indagatoria. Serán citados testigos y participarán la fiscalía, las querellas y los abogados defensores.

El ataque terrorista fue juzgado a principios de siglo, en un proceso plagado de irregularidades que terminó siendo en gran parte anulado. De hecho, en 2019 fueron condenados por encubrimiento el exjuez y los exfiscales del caso, así como otros exfuncionarios. Incluso el Estado argentino fue responsabilizado por la Corte Interamericana el año pasado por “una falta grave a su deber de investigar” el atentado.

La medida anunciada este jueves por el juez Rafecas intenta comenzar a remediar esa falencia, 31 años después de los hechos. El expediente no ha podido avanzar desde hace casi dos décadas, porque los acusados permanecen prófugos de la justicia argentina, pese a las órdenes de captura internacional.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el atentado cometido el 18 de julio de 1994 fue ejecutado por la organización de origen libanés Hezbolá y fue planeado desde un año antes en Irán, con la participación de las más altas autoridades del Estado. Los acusados que serán juzgados son los iraníes Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia y Seguridad; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución; Ahmad Vahidi, excomandante de Al Quds; Hadi Soleimanpour, exembajador en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, exsecretario de la misma embajada; y Mohsen Rabbani, exconsejero Cultural de la embajada. Hay, además, tres libaneses acusados: Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, quienes habrían integrado o colaborado con Hezbolá.

La modalidad del juicio en ausencia que se aplicará en la causa fue aprobada por el Congreso argentino hace apenas cuatro meses y rige para casos de delitos graves y bajo determinadas circunstancias. El juez Rafecas consideró que “la notificación por edictos, complementada por las alertas rojas de Interpol, los exhortos librados y la notoriedad internacional del caso, satisfacen el estándar exigido para habilitar la celebración del juicio en ausencia”. El magistrado aseguró que entiende “profundamente el temor, la angustia, incluso la desilusión que puede generar” entre las víctimas y sus familiares “la idea de atravesar nuevamente un proceso judicial, sobre todo cuando ya hubo intentos previos que no terminaron como se esperaba”. “Pero también”, agregó, “creo que no hacer nada sería aún peor”.

Tres organizaciones que representan a víctimas y familiares de las víctimas manifestaron su rechazo a que se realice el juicio sin los acusados. Con diferentes argumentos, la Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J pusieron en duda que esta modalidad procesal implique un avance en el esclarecimiento del ataque y evaluaron que, al contrario, derivaría en la clausura de una cuestionada investigación. En cambio, las querellas de otros familiares, al igual que las de la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), apoyaron el desarrollo del juicio.

El Gobierno de Milei celebró la decisión del juez Rafecas. “Gracias a la ley de juicio en ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”, expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en sus redes sociales. “A 31 años del ataque, los familiares de las víctimas finalmente podrán obtener justicia”, aseguró. A la Administración ultraderechista, el avance de la causa AMIA le permite alimentar un discurso contra Irán que sintoniza con los intereses de los gobiernos de Estados Unidos y de Israel, los faros de Occidente que guían al presidente argentino.

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Sobre la firma

Javier Lorca
Es periodista de EL PAÍS en la redacción en Buenos Aires.
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