Mujeres lideresas en proceso de recuperación emocional

En las comunidades altoandinas de la provincia de Quispicanchi, en la región Cusco-Perú, la violencia y discriminación contra las mujeres constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Aunque la agresión física deja marcas visibles, que son consideradas pruebas inmediatas para la recepción de la denuncia, es la violencia psicológica —un fenómeno a menudo minimizado y normalizado— la que erosiona profundamente la autoestima, genera depresión y limita la capacidad de las víctimas para tomar decisiones autónomas. Esta forma de violencia opera bajo el manto del estigma social y los mitos sobre la salud mental; una condena que empuja a las mujeres al silencio.

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2024), en el primer semestre del año pasado, el 52,5% de mujeres entre 15 y 49 años en el Perú sufrieron de violencia ejercida alguna vez por su esposo o compañero. Del total, el 48,9% fue violencia psicológica, el 26,7% física y el 5,2% de tipo sexual. Según prevalencias nacionales históricas, la violencia psicológica es mucho más predominante que otros tipos de violencia; sin embargo, presenta restricciones en el acceso a la justicia ante la presencia de obstáculos estructurales, probatorios y culturales, según revela el diagnóstico de las barreras para la atención a la violencia psicológica sufrida por mujeres en la provincia, elaborado por el Instituto de Protección al Menor y Poblaciones Vulnerables de la Universidad Antonio Ruis de Montoya.

Las barreras estructurales están alienadas a la dependencia económica como un factor crítico, ya que el 94% de las mujeres en Quispicanchi carecen de empleo remunerado (Según el Informe de Brechas de Género, diciembre 2024), una vulnerabilidad que las ancla a relaciones abusivas por el temor a ser abandonadas ellas y sus hijos. Sumado a esto, las creencias culturales refuerzan la sumisión femenina, normalizando modos de relación violenta y desigual en las parejas y familias, desalentando la denuncia y la búsqueda de ayuda.

Para aquellas que se atreven a denunciar, el sistema judicial presenta serias dificultades probatorias, pues sin evidencia tangible, especializada y oportuna, la violencia psicológica es menos priorizada y más difícil de sustentar, desmotivando a las víctimas a seguir el proceso. Asimismo, el uso del idioma quechua es un factor decisivo, dado que es el idioma más ampliamente hablado en las zonas rurales, y la falta de profesionales que lo dominen es una barrera significativa para la prestación de servicios culturalmente pertinentes. En el ámbito judicial, la dependencia de traductores puede generar problemas de precisión y confiabilidad en los testimonios, sumado a que las víctimas a menudo no entienden completamente lo que está pasando en el proceso judicial porque no se les explica en su idioma, afectando su confianza en el sistema.

Frente a este panorama de vulnerabilidad y silencio, el proyecto Por la recuperación psicoemocional de las mujeres quispicanchinas y la promoción de una Salud Mental desde las Comunidades, implementado por la Asociación Wayra y la ONG española Manos Unidas entre 2024 y 2025, demostró que la recuperación y la transformación son posibles cuando la intervención es integral y culturalmente pertinente.

Este proyecto impulsó una estrategia de trabajo colaborativo entre las áreas psicológicas de los establecimientos de salud y centros de salud mental comunitarios de la jurisdicción con las profesionales psicoterapeutas del proyecto, a fin de garantizar una atención oportuna, permanente en el tiempo y de acompañamiento personal y familiar, a través de las derivaciones de casos e informes de seguimiento. Y frente a la deserción y abandono de las terapias por parte de las usuarias, especialmente de las mujeres de zonas rurales y quechuahablantes, se implementaron metodologías complementarias para alcanzar su recuperación psicológica, alineadas a la pertinencia comunitaria y cultural como la solidaridad entre mujeres y la interacción con la Pachamama o Madre Naturaleza para recorrer y alcanzar el Allin Kawsay o el Buen Vivir de los pueblos. Al combinar la atención terapéutica especializada con talleres grupales de acompañamiento psicoemocional, se logró contribuir a la recuperación psicológica de mujeres con denuncias por violencia de género.

Lo significativo de esta intervención no radica solo en la sanación individual, sino en la capacidad de estas mujeres para transformar su recuperación personal en incidencia social y política. Un grupo de mujeres, que se identificaban en procesos más avanzados de recuperación, reconocían que sus testimonios podían ser de gran ayuda para que otras mujeres logren dar el primer paso para la búsqueda de ayuda. Participaron en programas de radio, videos promocionales y campañas comunitarias.

Algunas otras, con interés en la participación política en las organizaciones de mujeres presentes en la zona, impulsaron la incorporación del derecho a la salud mental en la agenda política de la mujer quispicanchina y en los planes de trabajo de las Instancias de Desarrollo Concertado. Este último es un espacio de articulación de los diversos titulares de obligación y operadores de justicia en una jurisdicción determinada. Fue en este espacio donde también se logró implementar talleres de actualización legal y reglamentaria sobre los protocolos para el peritaje psicológico ante denuncias de este tipo.

Las voces de las mujeres de Quispicanchi han roto el tabú. Es hora de que el Estado responda con un compromiso estructural que haga de la recuperación emocional no una excepción basada en un proyecto o la disposición de recursos para una atención terapéutica privada, sino un derecho sostenido en un sistema de justicia y de servicios de salud que garanticen la atención oportuna, libre de discriminación y con pertinencia cultural, para que finalmente, refleje el espíritu del “buen vivir” para todas.