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En colaboración conCAF

La Bahía de Parita: un modelo de gobernanza compartida entre comunidades y la vida silvestre

En el arco seco de Panamá, autoridades locales y científicos han comenzado a proteger el territorio con acuerdos penales

Bahía de Parita (Panamá) en diciembre de 2024.

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Para Virgilio Villalaz, el mundo natural siempre fue más atractivo que las salineras y las granjas de camarón que su padre, Edilberto, administra en su pueblo natal de Los Santos, una de las provincias centrales de Panamá. Ese sentido de curiosidad por la vida silvestre, lo hizo perseguir una carrera en biología y especializarse en la fauna local, como los carpinteros, inquietos chipes, las siempre elegantes garzas, las aves playeras, cocodrilos y serpientes. “Para mí, la vida silvestre es todo”, dice Villalaz.

Los Santos forma parte de la Bahía de Parita, una región de 45.000 hectáreas de extensión en la que se incluyen fangales intermareales, bosques de mangle y zonas costeras, todos ecosistemas de gran importancia para la vida silvestre. A pesar de esto, la bahía, en la que se encuentran las áreas protegidas el Refugio de Vida Silvestre Cenegón del Mangle, el Parque Nacional Sarigua y el Refugio de Vida Silvestre Peñón de la Honda, ha sido descuidada tanto por autoridades, dueños de la tierra e incluso conservacionistas.

Su importancia se debe a su riqueza ecológica y el hecho de ser una zona de relevancia comercial para el país. En sus diferentes provincias se produce maíz, arroz, caña de azúcar, producción de sal, la pesca artesanal, colecta de moluscos; así como la producción de energía eléctrica por medio de energías renovables no convencionales. Sin embargo, los diferentes usos de suelo han provocado una fragmentación preocupante del territorio que genera, por ejemplo, hábitats acuáticos secos durante largas temporadas y ecosistemas incapaces de sostener la vida silvestre y a las comunidades humanas.

“Los humedales han perdido parte de su conectividad hidrológica debido a los cambios insostenibles en el uso del suelo”, afirmó Andreina Pernía, arquitecta venezolana radicada en Panamá y miembro del Centro Regional Ramsar de Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO). Tras identificar el conflicto entre las actividades humanas y los ecosistemas naturales, reconoció la necesidad de un proyecto más amplio que involucre a las autoridades locales, las comunidades y el gobierno central panameño.

Propuso el Plan de Gobernanza e Infraestructura Verde para Mitigar Impactos en la Bahía de Parita, con el objetivo de proteger los humedales clave de la región. Esta iniciativa la ayudó a asegurar su selección como becaria del Programa de Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell.

“Nos vimos en la necesidad de priorizar las áreas en las que comenzar a intervenir, basándonos en las urgencias de hábitat de las especies y considerando también las necesidades de hábitat de las personas”, explicó.

Área de recuperación de manglares en Coclé (Panamá).

Los dos humedales, en particular Las Macanas, desempeñan un papel vital para las aves playeras que dependen de estos ecosistemas como parte de sus rutas migratorias. Por ejemplo, la agujeta gris (Limnodromus griseus) y el zarapito patiamarillo (Tringa flavipes) dependen de ellos durante siete u ocho meses al año, según monitoreos hechos por Villalaz y Pernía.

Paisajes con necesidades compartidas

Las Macanas es el humedal de agua dulce más grande de Panamá. Al menos 33 especies diferentes de aves playeras migratorias que navegan por la Ruta Migratoria del Pacífico dependen de sus 2.000 hectáreas de extensión. Su declaratoria como zona protegida en 1996 nunca vino acompañada de un plan de manejo. Con el paso de los años, se comenzó a dar una disputa por el agua entre el área natural y la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas que se desarrollan a su alrededor. “Cuando las aves necesitaban el cuerpo de agua, no había ninguna disponible”, afirmó Pernía. “Esta área protegida perdió su función como servicio ecosistémico”.

El mismo desorden territorial se puede ver en Chitré, otra región de la bahía, en donde sus residentes ignoran que las playas El Agallito y El Retén son Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP), porque albergan más del 10% de la población mundial de chorlito de Wilson. En la zona hay construcciones dentro del manglar y talaron un bosque de manglares.

En Coclé, los habitantes de la comunidad Azules de Antón ven cómo el nivel del mar avanza inexorablemente mientras el agua de los ríos es contaminada por agroquímicos y un fallido proyecto gubernamental de cultivo de camarones y la construcción de complejos turísticos y hoteles reducen las zonas de reproducción de diversas especies de peces vitales para su subsistencia.

Esto hizo evidente que los paisajes compartidos de la bahía requerían de un plan de ordenamiento territorial y así recuperar la funcionalidad de cada uno de ellos. “Organizar el espacio es crucial para el desarrollo, y una planificación adecuada maximiza el uso del terreno disponible. El desarrollo sostenible es casi imposible sin planificación, que requiere una gestión estratégica de los recursos y el territorio”, afirmó Nilson Espino, mentor y colega de Pernía.

Un plan interinstitucional como solución

Ante la compleja situación, en Panamá se hizo evidente que el esfuerzo y visión de gente como Pernía y todo su equipo, incluyendo a Villalaz, era insuficiente para generar un cambio significativo.

Afortunadamente, aunque esparcidos, ya se realizaban algunas acciones en beneficio de las áreas naturales y, principalmente, el ordenamiento del territorio. Por una parte, En 2005, la Asociación de Mujeres Rurales Amigas del Manglar (AMURAM), comenzó a plantar manglares blancos y negros en París de Parita, donde se encuentra el Cenegón del Mangle. Con el tiempo, lograron restaurar hasta 21 hectáreas.

El gobierno panameño, a través de la Oficina de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), trabaja desde 2017, junto a la Fiscalía Ambiental, para imponer sanciones administrativas a dueños de parcelas concesionadas a finales de la década de 1990 para el cultivo de camarón. Estas fueron abandonadas luego de la caída del sector en 1997, lo que causó graves daños a los ecosistemas marino costeros, incluyendo Azules de Antón.

Virgilio Villalaz, en Panamá en diciembre de 2024.

Con el acompañamiento del ministerio de Ambiente, la fiscalía impone acuerdos penales en lugar de penas de prisión. Estos acuerdos obligan a la restauración del área dañada y a la pérdida de la concesión. “Esta estrategia es más efectiva [que las penas de cárcel] porque permite la recuperación forestal y señala a los responsables por el daño ambiental que causaron”, afirmó Evelyn Jaén, de la Oficina de Costas y Mares. A la fecha se han recuperado 34 hectáreas de bosque bajo esta modalidad.

Otra acción en beneficio del ordenamiento territorial de la bahía es la publicación del documento Plan de Conservación de los Humedales de la Bahía de Parita, liderado por Audubon Panamá y en el que participaron diferentes sectores académicos, civiles y gubernamentales. una herramienta que promueve la investigación científica para implementar soluciones sostenibles y prácticas productivas que mejoren los medios de vida de las personas. Se basa en varios objetos de conservación: albinos, salinas, camaroneras y la protección de especies cruciales como la almeja, la almeja negra, el chorlito de Wilson, el camarón blanco, la corvina y los manglares. El objetivo es garantizar la conservación de los humedales mediante el establecimiento de alianzas multisectoriales, la planificación territorial y el fortalecimiento institucional.

Por último, el pegamento que busca unir todos estos esfuerzos es el Acuerdo de Cooperación Intermunicipal firmado en marzo de 2024 entre ocho provincias de la Bahía de Parita. El convenio propone la regulación del crecimiento urbano y rural, la planificación para mitigar los impactos ambientales en la acuicultura y la producción agrícola, la protección de los humedales y su biodiversidad, y la promoción de actividades sostenibles, como el ecoturismo.

Aunque aún está pendiente de aprobación en varias municipalidades, ya ha empezado a mostrar algunos resultados. Por una parte, las mujeres de AMURAM han recibido capacitación para fortalecer sus habilidades organizativas y forman parte de un proyecto para establecer apiarios dentro de los manglares.

También en 2024, la Asamblea Nacional de Panamá inició el debate sobre un proyecto de ley que establece la creación del marco regulatorio para la protección, restauración y desarrollo ecoturístico sostenible de la Ciénaga Las Macanas.

“Aprendimos a escuchar las necesidades de la gente, quienes no solo comparten los recursos, sino también sueños de desarrollo. Sabemos que ahora vamos por buen camino para garantizar que la Bahía de Parita sea un buen servicio tanto para la gente como para los animales”, añadió Pernía.

Villalaz, por su parte, continúa con su trabajo de monitoreo biológico en varias regiones de la Bahía. En mayo pasado, participó en un proyecto de censo de aves migratorias en el que capturaron diversas especies de aves para pesarlas, medirlas y etiquetarlas. Esto con el fin de comprender su función en los ecosistemas de la bahía.

“Mucha gente de nuestras comunidades desconoce los ecosistemas que tenemos en la bahía. Por ello, organizamos reuniones y festivales ambientales en donde repartimos folletos a niños y adultos y damos charlas para fomentar el vínculo de la gente con la vida silvestre”, concluyó Villalaz.

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