Los indígenas bolivianos a los que el fuego les quitó su hogar: “Ya no podemos volver”

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Es de noche en el bosque seco de la Chiquitania. Un grupo de indígenas ayoreos juega a los dados. Iluminan la mesa con linternas y las luces de sus celulares. Alargan el tiempo antes de entrar a las tiendas de campaña instaladas a su alrededor, en las afueras de un pueblo llamado Chochís. Esas carpas improvisadas son desde hace tres años su nuevo hogar, después de que los incendios forestales acabaran con la vivienda, los cultivos y los animales de crianza de las 25 personas que conforman la comunidad Tie Uñá, en la región de Santa Cruz, Bolivia. Es uno de los 45 territorios habitados por pueblos originarios, un 77% del total, que se han visto afectados por las llamas en los últimos cinco años.

“Ya no podemos volver, no tenemos casa en Tie Uñá. El incendio lo tumbó todo, apenas quedaron dos casitas”, cuenta por teléfono César Chiquineo, presidente de la comunidad y cabeza de una de las ocho familias que han tenido que desplazarse forzosamente. Su historia volvió a ganar notoriedad después de que el cortometraje documental que narra su travesía, Después de un incendio, ganara en abril pasado un premio nacional. La película muestra cómo sus refugios temporales los componen frazadas, colchones y las bolsas con las que empacaron sus pertenencias cuando huían de las llamas. No tienen acceso a agua potable ni energía. Cuando quieren cargar sus celulares y otros dispositivos, alquilan enchufes en un restaurante a unos kilómetros.

El filme fue rodado en 2022, pero sus condiciones de vida siguen siendo las mismas. De acuerdo a Chiquineo: “Seguimos no más como siempre. Mi nuera se enfermó, le agarró la tuberculosis porque dormimos a la intemperie, y con la lluvia empeora la situación”. El lugar donde están asentados es un terreno baldío que antiguamente fue un basural. Es lo que dicen que pudo ofrecerles el alcalde de Roboré, municipio que abarca a Tie Uñá, desde que los nativos llegaron a la población más cercana. Escaparon al ver al fuego a solo tres kilómetros de sus casas.

El territorio donde ahora se asentaron pertenece legalmente a la subalcaldía de Chochís, un pueblo de poco más de 600 habitantes, ubicado sobre la carretera que conecta Santa Cruz con la frontera brasileña. “Existen tensiones entre los vecinos y los ayoreos. Tienen un prejuicio racista hacia ellos de que son flojos y ladrones”, comenta el director del documental, Miguel Hilari. En 2022, un grupo de personas de la capital cruceña llegó al municipio de Concepción para quemar viviendas de un asentamiento, en medio de un conflicto de intereses. Un año antes, colonos tomaron violentamente un establecimiento de la misma tribu en la ciudad de Pailón. Sin embargo, Chiquineo afirma que, por el momento, no han tenido desencuentros y ha encontrado oportunidades de trabajo en el pueblo.

La tribu más golpeada

Hilari trabaja ahora como peón en los sembradíos de algunas haciendas. Antes, en Tie Uñá, alimentaba a su familia con la yuca, el frijol y el arroz que él mismo cultivaba. Cosechas que básicamente servían para consumo propio. No podía comercializarlas con las localidades vecinas debido al difícil acceso, a causa del cierre de un único camino, levantado por una empresa maderera, y nunca mantenido, que aceleró su desgaste en un clima hostil. “Justamente por no tener cómo llegar, los bomberos nunca nos pudieron ayudar”, cuenta el jefe indígena. Las cenizas también han afectado el río que lleva el nombre de la comunidad y que abastecía el sistema hídrico, tanto para uso personal como para el mantenimiento de las tierras.

Tie Uñá es uno de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) más golpeados por los incendios forestales, que han hecho de Bolivia el segundo país de Latinoamérica con mayor pérdida anual de cobertura arbórea (89.700 hectáreas), solo por detrás de Brasil (540.000), según el portal Global Forest Watch. Un análisis del periodo 2010-2020 revela que Tie Uñá tuvo una afectación acumulada por fuego de 4.136 hectáreas. Un castigo injusto para una TCO donde se han registrado escasas conversiones de bosque a cultivos o quemas de arbustos y matorrales para ganadería, como sí sucede en otras zonas del país.

En Bolivia, se responsabiliza en gran parte a los cultivos de soya, la agroindustria y la ganadería extensiva por los incendios. El país pasó de producir menos de 500.000 hectáreas de soya en la década de 1990 a más de 1,5 millones en 2023. Esto ha motivado la expansión de la frontera agrícola a través de quemas controladas llamadas chaqueos. Muchos de estos fuegos se salen de control en época de sequías y vientos fuertes.

“Tenían varios otros problemas [los miembros de la comunidad Tie Uñá] a los que se les ha sumado el de los incendios. En un momento, alguna instancia de Gobierno les puso un pozo, pero el agua no era buena. Tampoco tienen cédulas de identidad que les permitan acceder a ayudas o al sistema de salud, por ejemplo”, explica el documentalista Hilari. Junto con su sonidista, Marcelo Guzmán, convivieron diez días con la familia de Chiquineo y las otras que se desplazaron. Como parte del rodaje, viajaron tres horas en moto desde el establecimiento donde se encuentran actualmente los ayoreos para mostrar lo que quedaba del territorio quemado: esqueletos de árboles, tierra gris y los restos de las casas donde solo quedan columnas y calaminas tiradas al suelo.

Su traslado involuntario es un capítulo más en las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas del oriente boliviano a vivir en su tierra de origen. En 2023, el pueblo tacana, ubicado al norte de La Paz, perdió más de 60.000 hectáreas. Mientras que el año pasado, considerada la peor ola de incendios en el país andino desde hace dos décadas, obligó a 300 familias de la Central Indígena Païkoneka a abandonar temporalmente sus hogares.