La deuda que no cesa

La deuda pública española volvió a crecer el mes pasado en más de 18.500 millones de euros, superando ya claramente el valor del PIB, algo que no ocurría desde hace más de un siglo. La aplicación de políticas presupuestarias que contribuyeron a pronunciar la recesión en toda la eurozona deprimió los ingresos públicos y elevó las necesidades de endeudamiento. Hoy ese stock de deuda pública casi triplica el existente a finales de 2007, del 35,5% del PIB.

Lo peor de la situación creada tendrá lugar cuando el BCE reduzca la protección excepcional que hoy ejerce sobre el coste del endeudamiento público. Desde julio de 2012, la única institución europea que trata de evitar males peores, además de mantener los tipos de interés a corto plazo históricamente bajos, compra deuda de los Gobiernos en cantidades significativas. Con ello garantiza precios elevados de los bonos, tipos de interés excepcionalmente bajos. Los que emite el Tesoro español con vencimiento a 10 años apenas devengan hoy el 1% de interés. Ese bajo coste, como la reducción de la prima de riesgo frente a la deuda alemana, no es la consecuencia de la acción o la inacción del Gobierno español, sino de esa suerte de seguro que es hoy la pertenencia a la moneda única.

A pesar de esa protección, una parte considerable del gasto se destina a pagar intereses de la deuda. Esa es una de las más pesadas y duraderas secuelas que la gestión de la crisis nos deja. En lugar de asignar recursos públicos a destinos más productivos como educación, investigación o sanidad, durante generaciones deberemos condicionar esas asignaciones propiciadoras del crecimiento y del bienestar a la deuda, aunque el déficit se redujera de forma significativa en los próximos años.

No es un problema exclusivo de España. Por eso, que en el seno de la eurozona se arbitren mecanismos suavizadores de ese servicio de la deuda debería formar parte de las prioridades del nuevo Gobierno.