Errores en cadena

La declaración ante el juez de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, llamada para explicar el informe que sirvió de base a la imputación por delito fiscal de Rodrigo Rato, confirma los peores temores sobre el deplorable funcionamiento de la Agencia Tributaria y la chapucera instrucción de su expediente por la supuesta comisión de cinco delitos fiscales. Las respuestas de García-Valdecasas alientan la sospecha de que el caso contra Rato —cometiera o no delito fiscal— se aceleró indebidamente, sin las pruebas indiciarias mínimas requeridas en una investigación, utilizando las meras sospechas como si fueran pruebas. La hipótesis que manejan algunos estupefactos cargos políticos y funcionarios de Hacienda y Economía es que el expediente se aceleró para controlar el momento político en el que se difundía el caso Rato.

En primer lugar, es totalmente insólito que la responsable de la Oficina Antifraude responda a un juez que las conclusiones del informe se basaban en los datos que figuraban en los ficheros de la Oficina, técnicamente meras sospechas. Porque el modo de actuación de la Agencia excluye que un expediente se base en sospechas; por el contrario, debe fundamentarse en indicios. Y para convertir las sospechas en indicios es necesario, según el procedimiento de la ONIF, que el informe incluya la declaración del contribuyente (derecho de contradicción). Algo que sorprendentemente no se hizo.

Por tanto, es más insólito aún que García-Valdecasas responda al juez que no conoce la diferencia entre “indicio y sospecha”; precisamente esa diferencia es uno de los criterios básicos para desarrollar su trabajo. Y también hay que poner en cuestión su declaración de que firmó el informe de los funcionarios “como es habitual”; porque también es habitual que los informes, sean tempranos, madrugadores o tardíos, los encargue un jefe, que, mira por donde, es ella.

En resumen, el informe contra Rato (con independencia, hay que repetir, de si hubo o no delito fiscal) es una actuación técnicamente desdichada, preñada de sospechas y sin indicios sustanciales. No es de extrañar que la Fiscalía Anticorrupción no lo tuviera en cuenta. El que, a pesar de todo, se llevara adelante implica una motivación política que contamina escandalosamente la credibilidad de la Agencia.

Para despejar las sospechas de manipulación, la Agencia tiene que ofrecer una explicación contundente de este caso en el Parlamento, detallada paso a paso por los principales responsables —con su director general en cabeza— y la comparecencia de cuantos pusieron mano y pluma en el expediente. Parece obvio que Margarita García-Valdecasas no está capacitada para dirigir la Oficina de Investigación del Fraude; sus respuestas al juez así lo indican. En cuanto al director de la Agencia, también se ha ganado su sustitución; por éste y por otros graves problemas anteriores.