El juez identifica la primera trama del saqueo de Emarsa

El juez Vicente Ríos, instructor del caso Emarsa, identificó ayer una primera trama en el saqueo de la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, disuelta el año pasado por el PP con un agujero de 17 millones de euros, e imputó a otras cuatro personas. La investigación ha puesto de manifiesto hasta ahora que Emarsa pagó cantidades millonarias por suministros y servicios inverosímiles en un variado ámbito de actividades: tratamiento de lodos, transporte, material de oficina, dispositivos electrónicos y obras. A cuenta de la empresa pública se pagaron, además, artículos de lujo, viajes privados y salarios de personas que no llegaron a poner un pie en sus instalaciones ni a realizar ningún trabajo.

Actuaron de forma coordinada para lograr un beneficio ilícito, según el auto

El titular del juzgado número 15 de Valencia delimitó ayer en un auto una primera red de empresas que supuestamente participó en el saqueo a través de contratos de mantenimiento y albañilería. Se trata de Construcciones Rocafort y Mantenimientos Valmarks, controladas por los hermanos García Martínez. El juez destaca que existen indicios racionales de que las personas vinculadas a ambas empresas actuaron "coordinadamente con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la facturación a Emarsa, de manera continuada, durante años, de múltiples trabajos no realizados en la Edar (planta) de Pinedo; mediante la inclusión en las facturas de suministros de material y medios que proporcionaba la propia Emarsa, y mediante la facturación de un número de horas de mano de obra incompatible a todas luces con el más que exiguo número de trabajadores de las empresas".

"Todo ello", prosigue Ríos, "sin que por la gerencia de la empresa se opusiera reparo alguno al pago de las numerosísimas facturas". El gerente al que se refiere el juez es Esteban Cuesta, imputado por malversación, estafa y delitos societarios, que sigue siendo dirigente del PP de Valencia y que en sus declaraciones ha señalado al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, también del PP, como instigador de las irregularidades.

Entre los nuevos imputados figura Javier García Martínez, hermano de los ya acusados María Paz, Víctor Manuel y Sebastián, que trabaja, además, como jefe de informática en Emarsa. Los otros tres nuevos imputados están vinculados a las mismas dos empresas de construcción.