La seguridad en el metro sigue sin legislar tres años después del accidente

Mario Flores, consejero de Infraestructuras, concedió ayer en las Cortes que las dos leyes sobre la gestión de los ferrocarriles de la Generalitat y sobre la seguridad en el transporte que su departamento debía elaborar a raíz del accidente registrado en el metro de Valencia el 3 de julio de 2006 duermen el sueño de los justos.

La comisión parlamentaria de investigación del accidente del metro concluyó el 11 de agosto de 2006 con dos mandatos expresos. En primer lugar: "Las Cortes acuerdan que el Consell elabore un proyecto de ley autonómica que regule la gestión y explotación, infraestructura, superestructura, coordinación de medios, material móvil, formación de maquinistas, planes de seguridad, avances tecnológicos y financiación aplicables a las líneas de ferrocarriles competencia de la Generalitat".

Flores explicó ante la comisión de Infraestructuras a preguntas del socialista José Antonio Godoy que el anteproyecto de esa ley se encuentra en "fase incipiente".

El segundo mandato rezaba: "Las Cortes acuerdan que el Consell cree por ley una agencia de seguridad de todos los medios de transporte, con funciones de vigilancia, control de los sistemas de seguridad, entre otros".

Según Flores, ese anteproyecto "ha recibido informe favorable del resto de consejerías y ha sido remitido a la Dirección General de Presupuestos" para que informe al respecto. El consejero de Infraestructuras defendió que "las leyes deben tener vocación de permanencia" y que conviene "madurar los proyectos" antes de remitirlos a las Cortes.

Todos los portavoces de la oposición recriminaron al consejero ante la misma comisión sus planes para "privatizar" las futuras líneas del Tram de Alicante y del Metro de Valencia. "Construye una nueva línea con dinero público para que luego la explote una empresa privada", sintetizó Mònica Oltra, portavoz de Compromís, "privatiza el beneficio y socializa las pérdidas".

Flores habló de "externalización" y argumentó que rechazar la implicación de empresas dispuestas a aportar "un flujo de capital para que el transporte metropolitano se amplíe más rápidamente" solo "causaría un perjuicio a los ciudadanos". También asumió que aún no está claro si la futura concesión será "de explotación de línea, de explotación de infraestructura o solo de servicio".