L’Hospitalet pedirá también que las eléctricas paguen la pobreza energética

El Gobierno de Barcelona ha abierto la caja de los truenos al exigir por contrato a las eléctricas que no corten la luz a los pobres y que paguen el 50% de la factura de las políticas de pobreza energética. L’Hospitalet, la segunda ciudad catalana, también exigirá cláusulas sociales en ese sentido en el concurso que prepara para mayo. Badalona lo hará dentro de dos años, cuando termine el acuerdo actual. El Tribunal de Contratos de la Generalitat decidirá hoy si acepta las alegaciones de Endesa y Gas Natural al concurso de Barcelona, al que no se han presentado.

Por primera vez en la historia podría darse el caso que no fuera una gran empresa quien se lleve la contrata de luz de Barcelona. Son tres lotes que suman 65 millones de euros que ahora están en manos de Endesa. Corresponden al alumbrado de la ciudad y las dependencias municipales; otros equipamientos públicos; y los edificios que generan electricidad, como las placas fotovoltaicas del Fòrum.

Ni Endesa ni Gas Natural avanzan qué harán si el tribunal no les da la razón. Pero fuentes del sector aseguran que en las compañías “hay nerviosismo”. Si pierden el pulso con Colau temen que las exigencias vinculadas a la ley contra la pobreza energética —y que no han querido cumplir porque consideran que no hay seguridad jurídica—, se extiendan a otras Administraciones. Sabadell y Terrassa también estudian incluir cláusulas sociales en la compra de energía. Santa Coloma de Gramenet espera el resultado de un informe jurídico para incluirlo en el pliego que prepara.

La portavoz de la Generalitat Neus Munté avanzó ayer que la administración está estudiando la posibilidad de incluir las cláusulas, si bien hace unas semanas el consejero de Empresa Jordi Baiget, expresó reservas sobre su legalidad. “No está decidido”, afirmó Munté, pero señaló la “voluntad de estar al lado de los entes locales para que las empresas puedan firmar convenios” con las suministradoras.

El concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento barcelonés, Eloi Badia, respondió ayer a la autoexclusión de las dos empresas afirmando que el consistorio solo pide que se cumpla la ley, celebrando que haya alternativas “al oligopolio” y confiando en que las exigencias de Barcelona “se extiendan a otras ciudades”. Badia negó que buscaran “descartar a nadie” y hayan abierto una guerra contra las eléctricas: También celebró que haya “empresas que han mostrado esta sensibilidad” respecto a la vulnerabilidad de muchas familias.

Las cláusulas sociales del contrato hacen referencia al convenio presentado por la Generalitat y los entes locales en enero, que establece que las suministradoras paguen el 50% de la factura de los programas contra la pobreza energética, incluso las facturas de los más vulnerables. Las empresas que se han presentado al concurso tienen un número de clientes particulares testimonial en Barcelona, por lo que el coste de aceptarlas sería menor al que tendrían que afrontar las dos grandes.

En el Consistorio creen que Endesa y Gas Natural acordaron no presentarse y fuentes del sector entienden que “hay una intención” en ello. “Es el mayor contrato de un ayuntamiento catalán y tienen que mostrar una postura sólida” dentro de su estrategia de considerar que la ley contra la pobreza energética carece de seguridad jurídica. Ambas empresas niegan un pacto al respecto.