Uber condiciona su vuelta a Barcelona a una “regulación justa”

La compañía de economía colaborativa Uber ha condicionado su vuelta a Barcelona a la aprobación de una regulación "justa y con sentido" para todos los agentes del sector, tras retomar su actividad en Madrid el pasado mes de marzo con conductores profesionales. En una conferencia en el marco del Barcelona Tourism Summit, el director general de Uber en el sur de Europa, Carles Lloret, ha lamentado que la actual regulación española "restringe la competitividad del mercado", ya que la ratio fijada por la ley es de una licencia VTC por cada 30 de taxi, lo que supone que hay cinco licencias VTC cada 1.000 habitantes.

Cerca de doscientos taxistas se han concentrado esta mañana en contra de la compañía norteamericana Uber, en particular, y la economía colaborativa, en general, a las puertas del Barcelona Tourism Summit. Entre cánticos como "Uber, España no está en venta", uno de los portavoces del sindicato Élite Barcelona, Patxi, ha criticado la "mentira" de la economía colaborativa, asegurando que se trata de empresas que se enriquecen a base de incumplir normativas fiscales y puestos de trabajo de poca calidad.

A diferencia de los servicios de taxi, los vehículos con licencia VTC sólo pueden ser contratados previamente (vía telefónica o telemática, entre otros) y no pueden prestar servicios contratados directamente a pie calle ni en paradas de taxi. "Barcelona necesita tener un sistema de movilidad más sostenible", ha defendido Lloret, que ha señalado que Uber es una gran oportunidad para mejorar los índices de ocupación de los coches que se mueven por la capital catalana.

Asimismo, ha apuntado que Uber podría ofrecer servicios "de calidad e innovadores" a los turistas que visiten Barcelona, ya que son personas que ya conocen la plataforma en sus ciudades de origen, que buscan pagar sin necesidad de tener efectivo y que tienen la barrera del idioma, que desaparece gracias a la aplicación del usuario. Uber comenzó a operar en España en abril de 2014 en Barcelona y en septiembre de ese mismo año en Madrid, lo que originó numerosas movilizaciones de taxistas, así como la imposición de multas a los conductores y a la empresa por parte de la administración, hasta su prohibición por un juez.